El conflicto por las prestaciones de salud de los trabajadores estatales alcanzó su punto de máxima tensión institucional en la jornada de hoy. La secretaria general del SOEM Capital, Eugenia Varela, sacudió el escenario político al anunciar el envío de cartas documento perentorias destinadas a frenar de inmediato el cobro ilegal del plus médico. El ultimátum gremial apunta de forma directa contra el director de la obra social OSEP y, por carácter transitivo, contra el Gobierno de Catamarca, al que acusan de mirar para otro lado ante una estafa sistemática que vacía los bolsillos de los asalariados públicos.
La advertencia sindical contempla un plazo estricto para que las autoridades dejen sin efecto esta práctica arancelaria espuria, calificada abiertamente como irregular e ilegal por la cúpula del SOEM. De mantenerse la negativa o la pasividad oficial, el gremio adelantó que accionará judicialmente por los delitos de fraude a la administración pública y evasión impositiva. Esta inminente presentación en los tribunales expone la complicidad del Gobierno de Catamarca conducido por Raúl Jalil, que permite el cobro de adicionales indebidos en las consultas médicas mientras retiene aportes millonarios de los sueldos de sus empleados.
La desprotección abarca a un universo alarmante de más de 45.000 empleados públicos y jubilados provinciales que se encuentran rehenes de un sistema de salud colapsado. Las críticas hacia los organismos de control previsional arrecian por la nula fiscalización de los convenios vigentes con las corporaciones profesionales. Para los damnificados, la parálisis regulatoria impuesta por el Gobierno de Catamarca confirma el abandono generalizado de las prestaciones básicas, obligando a los sectores de menores ingresos a costear de su propio sueldo sumas fijadas de forma arbitraria por fuera de la ley.
El vaciamiento de la OSEP bajo una gestión fuertemente criticada
Los bloques parlamentarios de la oposición se hicieron eco del reclamo del SOEM y adelantaron que pedirán la interpelación del director de la obra social en la Cámara de Diputados. Según los legisladores, la proliferación del plus ilegal es la consecuencia directa del atraso crónico en los valores de los aranceles que la provincia le abona a los prestadores, un desfasaje financiero que licúa la calidad del servicio. El silencio del Ejecutivo liderado por Raúl Jalil frente a este vaciamiento técnico de la OSEP es interpretado por el arco político como una maniobra deliberada para desviar fondos hacia la timba financiera oficial.
La posibilidad de una denuncia por evasión fiscal también salpica de forma colateral al Colegio Médico, una entidad privada que opera bajo el amparo de los funcionarios de turno. Las asambleas de trabajadores municipales manifestaron su predisposición a iniciar paros sorpresivos y movilizaciones hacia la sede central de la obra social si las cartas documento no logran una rectificación inmediata del esquema de cobros. Mantener un modelo de cobertura médica fraudulento e ineficiente convirtió a la actual política sanitaria en un proceso sumamente criticado en todos los estamentos de la administración pública local.
El desenlace de esta controversia judicial mantiene cercado a un cordón gubernamental acosado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de sus bases. El persistente ocultamiento de los balances contables de la OSEP agrava la crisis de legitimidad del oficialismo, desnudando que los recursos de los afiliados se diluyen en un agujero negro administrativo. Ante la inminencia de una presentación penal por fraude, las evasivas del Gobierno de Catamarca amenazan con dinamitar definitivamente la paz social en un invierno marcado por el descontento y la conflictividad gremial.
