La desigualdad salarial en Catamarca volvió a ocupar el centro de la escena luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciara una marcada diferencia entre el salario de la intendenta de Fray Mamerto Esquiú y el de los empleados municipales. Según el gremio, mientras la jefa comunal Alejandra Benavidez habría incrementado sus ingresos en alrededor de $1.500.000 entre diciembre y julio, los trabajadores recibieron un aumento de apenas $100.000. La denuncia no solo generó repercusiones en el ámbito local, sino que también reabrió cuestionamientos políticos sobre la gestión estatal y el manejo de la política salarial en la provincia.
De acuerdo con la información difundida por ATE, el salario bruto de la intendenta alcanzaría los $3.947.000, mientras que un empleado municipal promedio percibiría alrededor de $800.000 brutos. Para el sindicato, la diferencia refleja una brecha salarial difícil de justificar en un contexto económico complejo, donde numerosos trabajadores sostienen que sus ingresos perdieron poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
Desigualdad salarial en Catamarca: el reclamo de ATE vuelve a instalar el debate sobre el rol del Estado
Durante la presentación del reclamo, los dirigentes sindicales afirmaron contar con las liquidaciones oficiales que respaldan las cifras difundidas y cuestionaron que los mayores incrementos se concentren, según sostienen, en los cargos políticos. “Le pedimos a la Intendenta que se toque el corazón”, expresaron al reclamar una recomposición que reduzca la diferencia entre las autoridades y los empleados municipales, quienes aseguran afrontar crecientes dificultades para llegar a fin de mes.
El gremio también criticó las explicaciones que, según señalaron, suele brindar el Ejecutivo municipal al momento de discutir mejoras salariales. Indicaron que con frecuencia se atribuye la falta de recursos al contexto económico y a las dificultades financieras, aunque consideran que ese argumento pierde consistencia cuando, siempre según la denuncia sindical, los funcionarios reciben aumentos considerablemente superiores a los otorgados al personal.
La controversia trasciende el ámbito de Fray Mamerto Esquiú y vuelve a instalar una discusión más amplia sobre las políticas salariales en el sector público. En ese escenario, sectores opositores sostienen que este tipo de conflictos también interpelan al Gobierno provincial, encabezado por Raúl Jalil, en la medida en que reflejan un clima de creciente malestar entre trabajadores estatales y municipales que vienen reclamando mejoras en distintos puntos de la provincia. Sin embargo, hasta el momento no surgieron pronunciamientos oficiales del Ejecutivo provincial vinculados a esta denuncia puntual.
Otro aspecto que alimenta el debate es la falta de una respuesta pública por parte del Ejecutivo municipal respecto de las cifras difundidas por ATE. La ausencia de aclaraciones oficiales dejó abierto un escenario de incertidumbre que fortalece los reclamos sindicales y mantiene vigente la discusión sobre la transparencia en la administración de los recursos públicos y los criterios utilizados para definir los aumentos salariales de funcionarios y empleados.
Mientras el conflicto continúa abierto, ATE anticipó que insistirá con el pedido de una recomposición salarial que reduzca la brecha denunciada. La desigualdad salarial en Catamarca vuelve así a convertirse en un tema de debate político y social, no solo por las diferencias expuestas entre funcionarios y trabajadores, sino también porque reabre interrogantes sobre las prioridades de las administraciones públicas en un contexto económico que mantiene bajo presión a miles de empleados estatales.
