La reforma de CAMYEN Catamarca comenzó a avanzar en la Legislatura luego de que la Cámara de Senadores otorgara media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para transformar la empresa de una Sociedad del Estado (SE) en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Aunque el Gobierno de Raúl Jalil sostiene que la iniciativa busca adecuar la compañía al régimen nacional vigente y fortalecer su capacidad de gestión, la modificación también abrió un debate sobre el futuro de una empresa que administra activos estratégicos vinculados a la actividad minera de la provincia.
El proyecto establece que la Provincia continuará siendo titular del 100% del capital social de la empresa, pero introduce cambios relevantes en su funcionamiento. Entre ellos, habilita a la nueva CAMYEN Catamarca a adquirir, transferir, ceder, gravar o disponer de derechos y propiedades mineras cuando esas operaciones sean consideradas beneficiosas para la sociedad. Ese punto se convirtió en uno de los aspectos más discutidos de la iniciativa, ya que amplía las herramientas disponibles para la negociación de activos vinculados al desarrollo minero.
CAMYEN Catamarca: una reforma que amplía facultades y genera interrogantes sobre el control de los recursos
Desde el Ejecutivo provincial argumentan que la transformación permitirá equiparar el funcionamiento de la empresa con otras firmas mineras estatales de provincias como Jujuy, Salta, Mendoza y La Rioja, que cuentan con mecanismos similares para comercializar derechos mineros y promover inversiones. Además, sostienen que la modificación responde a los cambios introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogó el régimen aplicable a las sociedades del Estado y dispuso su adecuación a la Ley General de Sociedades.
Sin embargo, la media sanción también reavivó interrogantes sobre el alcance que tendrá esta nueva estructura jurídica. Si bien el Gobierno asegura que la propiedad seguirá siendo íntegramente provincial, el hecho de ampliar las facultades para administrar, negociar y disponer de derechos mineros genera preguntas sobre los mecanismos de control que acompañarán esas decisiones y sobre el rol que tendrán los organismos de fiscalización en un sector considerado estratégico para la economía catamarqueña.
Uno de los elementos incorporados por el proyecto intenta responder, al menos parcialmente, a esos cuestionamientos. La iniciativa prevé la creación de un portal de transparencia activa, donde deberán publicarse el inventario de las propiedades mineras administradas por CAMYEN, los contratos de cesión, transferencia o asociación vigentes y los estados contables aprobados por la asamblea. La incorporación de esta herramienta fue presentada por el oficialismo como un mecanismo para fortalecer el acceso a la información pública, aunque también deja planteado el debate sobre por qué ese nivel de publicidad recién se incorpora en el marco de una reforma que amplía las facultades de la empresa.
En el plano político, la transformación de CAMYEN Catamarca vuelve a colocar la política minera impulsada por la gestión de Raúl Jalil en el centro de la discusión. La minería constituye uno de los principales ejes económicos de la provincia y, precisamente por esa relevancia, cada modificación normativa relacionada con la administración de los recursos naturales suele despertar especial atención entre distintos sectores políticos y sociales. La iniciativa abre un escenario donde convivirán las expectativas de captar nuevas inversiones con las demandas de mayor transparencia y control institucional.
Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto deberá ser debatido por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley. Allí continuará una discusión que excede el cambio de figura jurídica de la empresa y que pone sobre la mesa el modelo de administración de los recursos mineros en Catamarca. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá modernizar la gestión y otorgar mayor flexibilidad para negociar proyectos, los cambios también alimentan interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia, transparencia y control estatal en una de las áreas más sensibles de la administración provincial.
