La reforma impulsada por el Gobierno provincial sobre CAMYEN Catamarca volvió a colocar a la minería en el centro del debate político. Con la media sanción otorgada por la Cámara de Senadores al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la empresa pasará de ser una Sociedad del Estado (SE) a una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) si la iniciativa obtiene el respaldo definitivo de Diputados. El cambio incorpora nuevas facultades para la compañía y abre interrogantes sobre los mecanismos de control que acompañarán la administración de recursos estratégicos de la provincia durante la gestión de Raúl Jalil.
El proyecto establece que la Provincia conservará el 100% del capital social de la empresa, pero modifica sustancialmente las atribuciones de CAMYEN Catamarca. Entre las novedades más relevantes figura la posibilidad de adquirir, transferir, ceder, gravar o disponer de derechos y propiedades mineras cuando esas operaciones sean consideradas beneficiosas para la sociedad. Para el oficialismo, estas herramientas permitirán agilizar negociaciones y atraer nuevas inversiones; sin embargo, la ampliación de facultades también despertó cuestionamientos sobre el alcance de los controles institucionales.
CAMYEN Catamarca: más facultades para negociar y un debate abierto sobre la transparencia
Según los fundamentos del Ejecutivo, la reforma busca adaptar la empresa al régimen vigente luego de los cambios introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que eliminó el marco legal de las sociedades del Estado y dispuso su adecuación a la Ley General de Sociedades. Además, el Gobierno sostiene que la transformación permitirá equiparar a CAMYEN con empresas mineras de otras provincias que ya operan bajo esquemas similares para administrar y comercializar derechos mineros.
Más allá de esos argumentos, la iniciativa reabre un debate que trasciende la modificación jurídica de la empresa. La posibilidad de negociar activos mineros estratégicos vuelve a poner bajo análisis cuál será el nivel de supervisión política, administrativa y legislativa sobre decisiones que pueden tener impacto económico de largo plazo para la provincia. En ese contexto, distintos sectores plantean la necesidad de que cualquier ampliación de facultades vaya acompañada por mecanismos efectivos de control y acceso a la información pública.
Uno de los aspectos que el Gobierno presenta como respuesta a esos planteos es la creación de un portal de transparencia activa. Allí deberán publicarse el inventario de las propiedades mineras administradas por CAMYEN, los contratos de cesión, transferencia o asociación vigentes y los estados contables aprobados por la asamblea. Si bien esta incorporación representa un avance en materia de publicidad de los actos de la empresa, también genera interrogantes acerca de cómo será implementada y qué nivel de detalle ofrecerá sobre operaciones vinculadas con recursos estratégicos.
La discusión adquiere mayor relevancia porque la minería continúa siendo uno de los principales motores económicos de Catamarca. En ese escenario, cada modificación normativa relacionada con la administración de los derechos mineros despierta expectativas por el potencial de nuevas inversiones, pero también reclamos para garantizar reglas claras, controles independientes y mayor previsibilidad institucional. Precisamente por tratarse de un sector de enorme peso para las finanzas provinciales, las decisiones sobre su gestión suelen estar acompañadas por un intenso debate político.
Tras la media sanción en el Senado, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley. Mientras tanto, la reforma de CAMYEN Catamarca ya abrió una discusión que excede el cambio de figura jurídica de la empresa. La ampliación de sus facultades para negociar derechos mineros coloca nuevamente bajo la lupa el modelo de administración impulsado por la gestión de Raúl Jalil, en un contexto donde el crecimiento de la minería convive con demandas cada vez más fuertes de transparencia, control estatal y rendición de cuentas sobre el manejo de uno de los recursos más estratégicos de la provincia.
