La gestión de Jalil en Catamarca atraviesa una etapa marcada por distintos reclamos que volvieron a instalar debates sobre la respuesta del Gobierno provincial frente a problemas vinculados con salarios, seguridad e infraestructura. En los últimos días, trabajadores de distintos sectores, fuerzas de seguridad y representantes de la oposición plantearon cuestionamientos relacionados con la situación económica y el funcionamiento de áreas sensibles del Estado.
Uno de los conflictos que mayor repercusión generó fue el reclamo de policías autoconvocados frente al centro de monitoreo de la Capital. Los agentes manifestaron su preocupación por la situación salarial del sector y reclamaron una actualización de haberes, al señalar que la inflación afecta la economía de sus hogares. El planteo también incluyó cuestionamientos por el monto de las becas destinadas a aspirantes, que según indicaron ronda los $30 mil, frente a costos de ingreso a la fuerza como un uniforme valuado en alrededor de $1,2 millones.
A ese reclamo se sumaron hechos recientes vinculados con la seguridad pública, con procedimientos policiales y episodios de violencia que volvieron a poner en discusión la capacidad de prevención y respuesta estatal. Si bien las investigaciones continúan bajo intervención judicial, los distintos casos ocurridos en la provincia alimentaron el debate político sobre las herramientas disponibles para enfrentar situaciones de conflictividad social.
Gestión de Jalil en Catamarca: salarios, seguridad e infraestructura en el centro de las críticas
Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la situación del Hogar Sipa Huasi, luego de que la diputada Natalia Herrera reclamara respuestas oficiales sobre las condiciones del establecimiento, la renuncia de su directora y las tareas de refacción que comenzaron en el lugar. La legisladora señaló que no había recibido autorización para ingresar al hogar y reclamó mayor información sobre el funcionamiento del espacio destinado a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En paralelo, el costo de vida continúa sumando presión sobre los habitantes de la provincia. Los precios del combustible volvieron a quedar en agenda con valores que alcanzan los $2.440 para la nafta premium y $2.599 para el gasoil premium en algunas estaciones de servicio. El aumento del transporte y la movilidad impacta tanto en familias como en sectores productivos que dependen del traslado diario para sostener sus actividades.
Mientras estos reclamos se acumulan, el Gobierno provincial mantiene una agenda política vinculada a definiciones electorales y al futuro escenario hacia 2027. El gobernador Raúl Jalil volvió a pronunciarse a favor de eliminar las PASO y abrió especulaciones sobre posibles reordenamientos políticos, mientras distintos sectores continúan reclamando respuestas sobre problemas concretos de la vida cotidiana.
La discusión sobre la gestión de Jalil en Catamarca quedó así atravesada por diferentes frentes: desde los reclamos salariales dentro de la Policía hasta cuestionamientos sobre infraestructura pública y servicios esenciales. Cada uno de estos conflictos presenta características particulares, pero en conjunto alimentan un debate sobre las prioridades del Estado provincial y la capacidad oficial para atender demandas que siguen creciendo.
Con la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho como uno de los principales acontecimientos de la agenda provincial, donde se anunció un operativo con alrededor de 500 efectivos diarios, también aparece el contraste político entre el despliegue organizativo para grandes eventos y los reclamos pendientes de distintos sectores. En ese escenario, la administración de Raúl Jalil enfrenta nuevas discusiones sobre su gestión y sobre las respuestas que brinda frente a las demandas sociales.
