Treinta operarios de VVC Textil, la ex Artex, quemaron neumáticos y pallets en el ingreso al parque industrial El Pantanillo porque arrastran salarios impagos, aguinaldos y vacaciones desde diciembre. La protesta estalló luego del fracaso de una audiencia con el ministro de Industria del gobierno de Raúl Jalil, Leonardo Zeballos, que no ofreció ninguna solución concreta.
Los trabajadores denuncian que la empresa también dejó de realizar aportes jubilatorios y a la obra social, “dejando a familias enteras sin cobertura médica en el peor momento”. Entre los operarios hay padres y madres con hijos que tienen discapacidad, cuyos tratamientos dependen de un certificado único cuya continuidad está amenazada por la deuda acumulada.
La única propuesta del gobierno fue un programa de asistencia atado a la producción textil para la minería. Esa ayuda quedó condicionada a que la empresa regularice deudas impositivas, algo imposible en medio de la quiebra financiera que atraviesa la firma. Los trabajadores están atrapados entre una patronal que no paga y un gobierno provincial que exige papeles antes de mover un dedo.
Mientras estas escenas de desesperación se multiplican, Jalil festejaba el récord de exportaciones mineras e intenta sostener el relato de una explosión laboral en la provincia. La realidad desmiente ese discurso: Catamarca perdió 4.806 puestos de trabajo formales desde que asumió Javier Milei y Jalil le brindó un respaldo absoluto.
El derrumbe en cifras
El desplome del 12,3% coloca a la provincia en el tope de la destrucción laboral de todo el Noroeste Argentino, un podio que supera la caída de La Rioja, que perdió el 10,5% de sus empleos, y de Santiago del Estero, con una merma del 8,2%. Los números surgen de informes de la consultora Politikon Chaco.
A nivel nacional el ajuste ya borró 235.419 puestos de trabajo, pero en Catamarca la herida es más profunda y el nivel de ocupación privada tocó su piso más bajo en cuatro años. “La ilusión del derrame minero se desvanece en las calles de los Valles Calchaquíes y la Puna”, donde varias comunidades se oponen a la minería porque ven cómo la extracción solo provoca crisis sociales y ambientales, sin rédito para la provincia.
Las multinacionales contabilizan ganancias récord, pero en la tierra quedan pasivos ambientales, falta de agua y un tendal de desocupados que ya no soportan las promesas vacías. La misma minería que Jalil usa como vidriera no genera los empleos prometidos y ahora se ofrece como salvavidas condicionado para los textiles de El Pantanillo, sin compromisos reales.
Los operarios ya advirtieron que reclamarán la intervención directa del gobernador, con cortes de ruta y movilizaciones a la Casa de Gobierno si no reciben respuestas inmediatas.
