La ruta Antofagasta-Salta en Catamarca quedó en el centro de un nuevo cuestionamiento luego de que surgieran fuertes críticas sobre la calidad de la obra, su planificación y la concentración de las principales licitaciones de infraestructura en un reducido grupo de empresas. Las observaciones también vuelven a poner bajo la lupa la política de obra pública impulsada durante la gestión del gobernador Raúl Jalil, especialmente por tratarse de un corredor estratégico para el desarrollo minero de la provincia.
Según los planteos difundidos, entre 7 y 10 empresas concentrarían el 95% del negocio de infraestructura en Catamarca, muchas de ellas vinculadas mediante Uniones Transitorias de Empresas (UTE). Dentro de ese grupo se mencionan firmas como Italca, Cuasi Construcciones, Mogueta, Global, Maffab y Laiven, entre otras. Además, se sostiene que una parte importante de las tareas se distribuye entre compañías con funciones específicas dentro de las mismas obras, lo que alimenta cuestionamientos sobre el nivel de competencia en las contrataciones.
Otro de los puntos señalados apunta al impacto laboral. De acuerdo con la información conocida, entre un 45% y un 50% de la mano de obra utilizada por estas empresas provendría de provincias como Salta, Tucumán, San Juan o Mendoza. Esa situación abre interrogantes sobre cuánto empleo genuino generan realmente estas inversiones para los trabajadores catamarqueños, uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno provincial para defender el crecimiento de la obra pública vinculada al desarrollo minero.
Ruta Antofagasta-Salta en Catamarca: cuestionan la calidad técnica y su vida útil
Las críticas más fuertes se concentran sobre la Ruta Antofagasta-Salta en Catamarca, donde se advierte que los materiales empleados no serían los adecuados para soportar el tránsito permanente de camiones de gran porte utilizados por la actividad minera. Según los cuestionamientos, el asfalto utilizado tendría características aptas para tránsito liviano, pero no reuniría las condiciones técnicas necesarias para una vía sometida al intenso movimiento de carga pesada.
En ese contexto, se proyecta que el deterioro de la calzada podría comenzar a manifestarse en un plazo de entre 4 y 7 años, con la aparición de grietas, deformaciones y baches similares a los que actualmente presentan otros corredores viales de la provincia. De confirmarse ese escenario, volvería a instalarse el debate sobre la calidad de las obras ejecutadas y sobre la eficiencia en el uso de los recursos destinados a infraestructura estratégica.
También se cuestiona la justificación integral del proyecto. De acuerdo con los planteos conocidos, el trazado no respondería a una demanda turística significativa debido a la escasa presencia de centros poblados sobre el recorrido, mientras que varias de las principales explotaciones mineras se encuentran ubicadas a una distancia considerable de la ruta. Esa interpretación alimenta nuevas discusiones acerca de la planificación de la inversión pública y de los criterios utilizados para definir las prioridades de infraestructura en la provincia.
Frente a estos cuestionamientos, la Ruta Antofagasta-Salta en Catamarca vuelve a convertirse en un foco de debate político. Las observaciones sobre la concentración empresarial, la participación de mano de obra proveniente de otras provincias y las advertencias sobre la eventual vida útil de la obra reabren interrogantes acerca de los mecanismos de control, la transparencia en la ejecución y la calidad de una infraestructura presentada como estratégica para el futuro productivo de Catamarca. Al mismo tiempo, los planteos incrementan la presión para que las autoridades provinciales brinden explicaciones técnicas y garanticen que las inversiones realizadas respondan a estándares acordes con la importancia del corredor vial.
