La discusión sobre la minería en Catamarca no pasa solamente por cuánto produce o cuánto exporta la provincia. También obliga a mirar un recurso estratégico y limitado: el agua. La pregunta que permanece abierta es concreta: ¿cuánto agua utilizan efectivamente los proyectos mineros y qué información puede consultar la sociedad para conocerlo y controlarlo? La provincia cuenta con un marco legal para autorizar y fiscalizar el uso del recurso, pero la existencia de permisos y mecanismos de monitoreo no reemplaza la necesidad de contar con información pública, actualizada y comprensible.
El tema adquiere especial relevancia por la expansión de la actividad extractiva. De acuerdo con información oficial nacional, hacia fines de 2023 Catamarca contaba con 22 proyectos mineros en distintas etapas, incluyendo explotaciones de litio y oro y varios proyectos en construcción o exploración. Ese escenario supone que la discusión sobre el agua no puede limitarse a una explotación puntual: debe contemplar las necesidades acumuladas de una industria que tiene presencia creciente en distintos puntos del territorio.
Un antecedente permite dimensionar por qué los números resultan importantes. En 2020, la Provincia otorgó a Minera del Altiplano permisos para utilizar agua subterránea en la cuenca del río Los Patos, en el Salar del Hombre Muerto. El decreto estableció perforaciones con 130 metros cúbicos por hora cada una y contempló un esquema destinado a garantizar hasta 650 m³/h para el desarrollo del proyecto, además de exigir un Plan de Monitoreo y Sistema de Alerta Temprana. El mismo instrumento estableció la necesidad de instalaciones de medición en tiempo real y estudios de bombeo.
Minería en Catamarca: el desafío de convertir los controles en información pública
El punto central, entonces, no es solamente determinar si existen controles, sino qué información generan esos controles y con qué frecuencia llega al conocimiento público. Catamarca dispone de una legislación de aguas que reconoce el carácter público del recurso y establece mecanismos para otorgar permisos y concesiones, mientras que la normativa provincial contempla trámites específicos para el uso de agua pública y la extracción de agua subterránea.
También existe una estructura estatal con responsabilidades vinculadas a la gestión hídrica. La normativa provincial asigna funciones de planificación, control y regulación de los recursos hídricos a los organismos correspondientes. En paralelo, la autoridad minera provincial concentra las competencias administrativas vinculadas a los derechos mineros. Esa división hace especialmente relevante la coordinación entre las áreas encargadas de minería, agua y ambiente cuando se evalúan proyectos que requieren utilizar recursos hídricos.
Para el debate público, una diferencia resulta fundamental: tener un permiso de uso no equivale a demostrar por sí mismo cuál es el impacto real sobre una cuenca. Para responder esa pregunta hacen falta series de mediciones, información sobre niveles de extracción, evolución de acuíferos, calidad del agua y resultados de los sistemas de monitoreo. En el caso de los permisos otorgados en Los Patos, por ejemplo, el propio decreto vinculó la autorización con un plan de monitoreo y con estudios destinados a observar la respuesta hídrica de la cuenca.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando la actividad minera convive con otras demandas. El agua también sostiene el consumo humano, el riego y diferentes actividades productivas. Por eso, la discusión sobre la minería en Catamarca debería incorporar datos comparables y accesibles, que permitan conocer cuánto se autoriza, cuánto se extrae efectivamente, qué controles se realizan y qué resultados arrojan. Sin esa información, el debate queda atrapado entre discursos que exageran los riesgos y posiciones que minimizan cualquier cuestionamiento.
El desafío para el Estado provincial no consiste únicamente en promover inversiones o autorizar proyectos, sino también en demostrar que dispone de capacidad suficiente para medir, fiscalizar y transparentar el uso de un recurso estratégico. Catamarca ya cuenta con instrumentos legales, permisos específicos y antecedentes de sistemas de monitoreo. El interrogante que queda planteado para la gestión pública es cuánto de esa información se encuentra efectivamente disponible para los ciudadanos y si permite evaluar, con evidencia, la relación entre crecimiento minero y disponibilidad de agua a largo plazo.
