La gestión de Raúl Jalil en Catamarca atraviesa una de sus principales contradicciones políticas: mientras el Gobierno exhibe el crecimiento de las exportaciones y presenta a la minería como el motor de la economía provincial, el propio gobernador reconoce que existen otros sectores que no avanzan al mismo ritmo y que necesitan una respuesta del Estado. La discusión ya no pasa solamente por cuánto crece la minería, sino por qué tipo de desarrollo está construyendo Catamarca y cuánto depende de una sola actividad.
Jalil fue contundente esta semana al describir la situación minera: dijo que el sector “está muy bien, está volando” y destacó el fuerte crecimiento de las exportaciones catamarqueñas. Según los datos difundidos, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones provinciales rondaron los 390,9 millones de dólares, con un incremento de 211 millones respecto del mismo período de 2025. El dato es relevante, pero también expone una pregunta incómoda para la gestión: si la minería explica buena parte de ese salto, ¿qué está ocurriendo con las actividades que no participan de ese crecimiento?
Lo llamativo es que la advertencia no provino de la oposición, sino del propio gobernador. Jalil reconoció que existen “otros sectores que hay que mirar para no tener problemas” y planteó que el Estado debe encontrar mecanismos para acompañar esas actividades. La frase revela una tensión dentro del discurso oficial: por un lado, la minería aparece como la gran apuesta económica; por otro, el Gobierno admite que dos velocidades económicas conviven dentro de la provincia y que no todas las actividades reciben el mismo impulso.
La cuestión resulta todavía más relevante porque la administración provincial viene defendiendo el RIGI y la llegada de grandes inversiones mineras como herramientas centrales para transformar la economía catamarqueña. Jalil también sostiene que las empresas deben contribuir al desarrollo de proveedores locales y que el Estado tiene que generar las condiciones para construir una cadena productiva alrededor de la actividad extractiva. El problema es que esa promesa de multiplicación económica necesita ser comprobada más allá de los anuncios, especialmente en materia de empleo, proveedores, infraestructura y diversificación productiva.
Catamarca y la dependencia de la minería: la advertencia que salió del propio Gobierno
Hay además un frente que resulta difícil de ignorar: la propia gestión minera es cuestionada por demoras burocráticas. Un análisis publicado recientemente en Catamarca sostuvo que existen expedientes que permanecen durante años sin resolución y señaló una diferencia de tratamiento entre grandes empresas y proyectos de menor escala. La misma publicación recordó que el Código de Procedimientos Mineros reformado durante la gestión de Jalil establece un plazo de 60 días para la Declaración de Impacto Ambiental, mientras que el promedio señalado en la práctica rondaría los dos años. Se trata de cuestionamientos que, de ser sostenidos por documentación oficial, obligan al Gobierno a explicar por qué los tiempos administrativos se alejan de los previstos por la propia normativa.
El caso de Bajo La Alumbrera también muestra la complejidad de la estrategia provincial. Según ese análisis, la actualización del Informe de Impacto Ambiental fue presentada en diciembre de 2025, atravesó una audiencia pública en abril de 2026 y finalmente recibió aprobación ambiental a fines de ese mismo mes. La discusión no se limita entonces a estar a favor o en contra de la minería: también alcanza a la capacidad del Estado provincial para controlar proyectos de enorme impacto económico y ambiental con reglas claras, controles eficientes y plazos previsibles.
La apuesta oficial tiene otra particularidad: la minería necesita infraestructura pública para poder expandirse. El propio Jalil señaló la necesidad de mejorar rutas y energía y vinculó ese desarrollo con el turismo y las inversiones en la Puna. Es decir, mientras las empresas obtienen condiciones para desarrollar sus proyectos, el Estado debe afrontar buena parte de las condiciones estructurales que hacen posible esa expansión. Allí aparece otra pregunta política para la gestión de Raúl Jalil en Catamarca: cuánto de la renta generada por la actividad termina transformándose en infraestructura, servicios y oportunidades concretas para el resto de la economía provincial.
El Gobierno tiene argumentos para defender su estrategia: Catamarca efectivamente registra un fuerte crecimiento exportador y la administración puede mostrar resultados concretos en ese indicador. Pero una economía provincial no se mide solamente por sus exportaciones. El desafío consiste en determinar si ese crecimiento consigue derramarse sobre sectores productivos diferentes, generar empleo sostenible, fortalecer proveedores locales y reducir las desigualdades entre las zonas vinculadas directamente con la minería y aquellas que dependen de otras actividades.
Por eso, el punto más incómodo para la gestión de Raúl Jalil en Catamarca no está en negar el crecimiento minero, sino en discutir sus límites. El propio gobernador admite que hay sectores que avanzan más lentamente y que necesitan asistencia estatal. Si la minería “está volando”, como afirmó Jalil, la verdadera prueba para su gestión será demostrar que el resto de Catamarca no queda mirando desde abajo cómo crece una economía cada vez más concentrada en los recursos del subsuelo. La discusión que se abre es, en definitiva, si la minería será el motor de una economía diversificada o si terminará convirtiéndose en el centro alrededor del cual deberá girar prácticamente todo el modelo provincial.
