(Catamarca).- El exdiputado provincial Hugo Daniel Ávila lanzó una dura advertencia contra el gobierno de Raúl Jalil y puso bajo sospecha el destino de las obras hídricas anunciadas para el este de Catamarca. El dirigente cuestionó el endeudamiento asociado al proyecto y sostuvo que detrás de la infraestructura existiría un plan para favorecer la radicación de ciudadanos israelíes en tierras de la provincia, una afirmación de enorme gravedad que, hasta el momento, no cuenta con confirmación oficial.
“Que presten mucha atención a lo que les voy a decir, porque me parece que las familias feudales que gobiernan la provincia de Catamarca han cruzado una línea roja peligrosa”, comenzó Ávila en un audio difundido públicamente. Su planteo apunta a la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, cuya inversión ronda los $100.000 millones y que fue presentada como una obra destinada a beneficiar a poblaciones de Catamarca y Santiago del Estero.
La iniciativa avanzó luego de la visita a Catamarca del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. El proyecto contempla una inversión cercana a los $100.000 millones, la construcción de plantas potabilizadoras y decenas de kilómetros de acueductos. Según la información difundida sobre el convenio, las obras cuentan con financiamiento internacional.
Ávila, sin embargo, hizo una lectura completamente diferente. “Se anuncia con bombos y platillos como si fuera un logro, como si fueran recursos que pone la Nación en beneficio de nosotros. No, es un crédito, una deuda que vamos a tomar”, sostuvo.
Y agregó que, según informaciones que dijo haber recogido de redes sociales, las obras podrían estar vinculadas con una eventual radicación de familias israelíes en la zona de Quirós, Baviano y el departamento La Paz.
El exlegislador fue todavía más lejos y relacionó esas versiones con los antecedentes de cooperación entre Catamarca y la empresa estatal israelí Mekorot. Jalil integró durante el gobierno de Alberto Fernández una delegación argentina que viajó a Israel en una misión vinculada con la gestión del agua. Posteriormente, Catamarca avanzó en acuerdos para la elaboración de planes hídricos con participación de Mekorot.
“Ya viajó Jalil a Israel y firmó un acuerdo para entregar el manejo del agua de Catamarca a la empresa estatal israelí Mekorot”, afirmó Ávila. La existencia de acuerdos de cooperación hídrica está documentada, aunque la caracterización de que implican “entregar el manejo del agua” corresponde a la interpretación política del exdiputado.
Ávila también vinculó su denuncia con la política minera del gobierno provincial. Mencionó las relaciones de Jalil con grandes compañías internacionales como Glencore y Rio Tinto, y cuestionó que el Estado provincial realice infraestructura vial y energética que, según sostuvo, termina favoreciendo el desarrollo de grandes proyectos mineros mientras las obligaciones financieras permanecen en cabeza de los catamarqueños.
“Todas estas deudas las va a tener que pagar el pueblo de Catamarca”, insistió. Para Ávila, lo que está ocurriendo forma parte de un proceso más amplio de “extranjerización” de tierras y recursos naturales.
El dirigente recordó además el debate alrededor de la protección de las tierras rurales y aseguró que ya había advertido que el proceso continuaría. Según su interpretación, existe un rechazo social creciente a la extranjerización de las tierras y, especialmente, de los recursos mineros de la provincia.
El tramo más delicado de su exposición fue la afirmación de que las obras del este provincial estarían destinadas a posibilitar la instalación de una “colonia israelí”. Ávila sostuvo además que existiría un acuerdo para la radicación de 300.000 familias israelíes en la Argentina.
No existen, hasta el momento, elementos oficiales que permitan confirmar esas afirmaciones ni establecer que el proyecto hídrico tenga como finalidad la instalación de ciudadanos israelíes en Catamarca. Se trata de una denuncia realizada públicamente por Ávila que, por su gravedad, requeriría documentación que la respalde.
Aun así, el exdiputado reclamó que las autoridades provinciales expliquen públicamente cuál será el destino de las tierras y de la infraestructura. “Yo creo que a esto lo tenemos que frenar. No puede ser que los catamarqueños tomen deuda y la tengan que pagar con más ajuste, con más precarización de la salud, de la educación, de los salarios y de la seguridad”, afirmó.
La denuncia de Hugo Ávila instala así un nuevo frente político para Raúl Jalil. Una parte de sus afirmaciones se apoya en hechos conocidos —la obra hídrica cercana a los $100.000 millones y los antecedentes de cooperación con Mekorot—, mientras que las acusaciones sobre una futura colonia israelí permanecen, hasta ahora, en el terreno de la denuncia política.
Por su gravedad, son precisamente esas afirmaciones las que colocan ahora la pelota del lado del gobierno provincial: explicar qué se financiará, quién asumirá finalmente las obligaciones, cuál será el destino productivo de las obras y quiénes serán sus beneficiarios.
