La situación salarial de distintos sectores vuelve a instalar un problema político para Raúl Jalil en Catamarca: mientras trabajadores municipales y organizaciones sindicales mantienen reclamos en distintas localidades, los policías retirados denuncian que el Gobierno provincial demoró casi tres meses una reunión comprometida y que las propuestas salariales acercadas hasta ahora están lejos de sus expectativas. El cuadro no permite atribuir todos los conflictos a una misma administración, pero sí muestra una agenda laboral cada vez más cargada de demandas.
Uno de los reclamos más concretos proviene del colectivo de policías retirados de Catamarca, cuyo referente Luis Flores aseguró que las autoridades habían prometido recibirlos en junio y que, a casi 90 días de aquel compromiso, la mesa de diálogo formal todavía no se concretó. El sector reclama una reestructuración de la tabla jerárquica para reacomodar los haberes según puntaje y categoría, además de cuestionar el índice nivelador implementado a comienzos de año.
El punto más sensible aparece en la composición de los ingresos. Según explicó el referente de los retirados, el índice nivelador contiene montos no remunerativos, por lo que no impacta sobre los haberes de la clase pasiva ni beneficia a las jerarquías de los policías retirados. La crítica plantea así una discusión que excede un aumento puntual: para el sector, el mecanismo aplicado durante el año no habría resuelto las diferencias que afectan a quienes ya dejaron la actividad.
Catamarca y una agenda laboral que acumula reclamos
La demora en la negociación con los policías retirados adquiere otra dimensión al observar los conflictos laborales que se registraron durante estos días en distintos municipios de Catamarca. En Valle Viejo, el SOEM advirtió sobre posibles medidas de fuerza por reclamos vinculados con la ART, las condiciones laborales y una propuesta salarial de $2.000 que el gremio calificó como insuficiente. En Fiambalá, en cambio, un reclamo de ATE derivó en la decisión municipal de entregar indumentaria de trabajo al personal, incluido el anuncio de provisión para trabajadores becados. Son situaciones diferentes y bajo administraciones municipales distintas, pero forman parte de una misma escena provincial marcada por demandas sobre ingresos y condiciones laborales.
En el caso de los policías retirados, el conflicto presenta además un componente social particularmente delicado. Flores señaló que entre los sectores más afectados se encuentran efectivos retirados por invalidez y personas de menores ingresos, que enfrentan dificultades para afrontar tratamientos médicos y medicamentos. La denuncia coloca el reclamo salarial en un terreno que va más allá de la discusión paritaria y expone las consecuencias que, según el sector, tiene la falta de una recomposición suficiente sobre la vida cotidiana de los jubilados de la fuerza.
El reclamo también incorpora una cifra que permite dimensionar la distancia entre las partes. De acuerdo con Flores, las propuestas que fueron acercadas hasta el momento no cubren ni la mitad de lo pretendido por el sector para alcanzar un salario acorde con la función desempeñada. El Gobierno provincial no aparece en el material proporcionado con una respuesta pública específica a estas críticas, por lo que el principal interrogante político queda planteado alrededor de cuándo se concretará la reunión prometida y qué propuesta salarial llevará finalmente a la mesa.
El contexto se completa con otro frente que, aunque corresponde a la administración nacional, tiene impacto directo en Catamarca: el conflicto universitario y el reclamo de la Universidad Nacional de Catamarca por fondos de funcionamiento. El rector Oscar Arellano pidió cautela antes de una nueva marcha federal y señaló que todavía no se cumplió con el 20% de funcionamiento acordado en junio. En este caso, la responsabilidad señalada es nacional y no corresponde trasladarla al Gobierno de Jalil, pero el episodio contribuye a configurar un escenario provincial donde distintos sectores públicos atraviesan discusiones por financiamiento, salarios y condiciones de funcionamiento.
Para Raúl Jalil y el Gobierno de Catamarca, el desafío político aparece entonces en la capacidad de administrar reclamos que involucran directamente a organismos y trabajadores provinciales, mientras en los municipios se multiplican conflictos de naturaleza diferente. Los policías retirados, particularmente, mantienen abierta la posibilidad de movilizaciones o medidas de fuerza si continúa la indefinición. Por ahora, el dato más concreto es que una reunión prometida para junio sigue sin concretarse y que el sector considera insuficientes las propuestas recibidas. En un escenario donde los reclamos laborales ya ocupan buena parte de la agenda pública, la falta de una respuesta definitiva puede convertirse en un nuevo foco de tensión para la gestión provincial.
