Las recientes medidas administrativas y la acumulación de reclamos vecinales dejaron en evidencia serias dificultades operativas dentro del Gobierno de Catamarca, donde distintos organismos provinciales afrontan cuestionamientos por falencias edilicias, demoras asistenciales y traspaso de responsabilidades. La decisión del Ministerio de Salud de transferir la distribución de medicamentos a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) coincidió con fuertes exigencias de vecinos de la Capital hacia el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por el abandono estructural de complejos habitacionales.
El convenio formalizado entre la cartera sanitaria y la obra social busca descentralizar la entrega de fármacos de alto costo ante la inmovilización de stock y el riesgo de vencimientos en los depósitos oficiales. Sin embargo, la medida traslada una pesada carga operativa a una entidad cuyos propios trabajadores vienen denunciando una situación salarial crítica, con haberes básicos que no alcanzan los $600.000 frente a una Canasta Básica Total informada por el INDEC en torno a $1.600.000.
En simultáneo con la crisis de gestión sanitaria, los adjudicatarios del barrio Huayra Punco, en las 920 Viviendas, denunciaron el peligroso deterioro de los monobloques construidos por el Estado provincial. Los vecinos reclamaron peritajes urgentes y un plan de reparación, remarcando que el IPV debe asumir su rol de garante de la seguridad física de los habitantes ante rajaduras, filtraciones y riesgos de derrumbe en una zona de actividad sísmica permanente.
A este frente habitacional se sumó el reconocimiento del propio ministro de Vivienda sobre la falta absoluta de partidas nacionales, lo que obligó a financiar obras exclusivamente con recursos mineros propios. Mientras tanto, en los municipios del Valle Central se multiplican los reclamos por falta de respuestas en servicios urbanos básicos y medidas de fuerza gremiales por ofertas salariales de apenas $2.000.
Contradicciones operativas y descontento frente al Gobierno de Catamarca
El cuadro social se complejiza aún más con las demandas del sector mercantil ante la Legislatura, donde se alertó sobre el impacto de la alta presión tributaria provincial y los aumentos de hasta el 150% en las boletas de energía de la empresa EC SAPEM. Esta situación llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar informes oficiales por facturas que llegaron a los $600.000 y que empujan a las familias a niveles alarmantes de endeudamiento.
Por su parte, el ámbito educativo provincial suma tensiones ante las advertencias de especialistas por el cuello de botella en la titularización de la carrera docente y las huelgas de 48 horas en el nivel superior, donde el 70% de los profesionales percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. Estas falencias estructurales reflejan la falta de una planificación integral para contener a los sectores que sostienen los servicios públicos.
La delegación de tareas en OSEP y el reclamo por la falta de mantenimiento en los planes de vivienda revelan tensiones crecientes en la administración provincial. Frente al deterioro de la infraestructura urbana, los bajos salarios estatales y los aumentos en las tarifas, el Gobierno de Catamarca afronta el desafío urgente de brindar soluciones concretas y asumir la responsabilidad directa sobre los servicios esenciales que demanda la comunidad.
