El quiebre simultáneo en los frentes laboral, comercial y de servicios colocó en una situación crítica al Gobierno de Catamarca. Lejos del discurso de reactivación promovido por Raúl Jalil, la provincia sumó un paro por tiempo indeterminado del SOEM en Valle Viejo, denuncias de ATE por el pago de un 95% de sueldos en negro en Recreo y la convocatoria formal a la Marcha de la Bronca para el 19 de septiembre en Plaza La Alameda, impulsada por más de 15 organizaciones contra el ajuste y el sobreendeudamiento familiar.
El conflicto expone la distancia entre las promesas oficiales y los indicadores reales. Pese a que el Ejecutivo prometía alcanzar 40.000 empleos registrados, las estadísticas del sector privado marcaron un desplome del 12% con la pérdida de hasta 4.800 puestos formales. Esta sangría laboral se tradujo en 100 operarios suspendidos en RA Intertrading, 80 despidos por WhatsApp en la textil Sabri y la clausura definitiva de Indumentaria Catamarca tras siete años de actividad.
La caída del poder adquisitivo asfixia a la administración pública, donde más del 80% de los agentes percibe haberes inferiores a 1.200.000 pesos frente a una canasta de 1.700.000 pesos. Este desfasaje obliga a los hogares a endeudarse con financieras simplemente para comprar comida, en un marco de ventas minoristas a la baja y cierres comerciales que impactan de lleno en el rubro gastronómico y hotelero.
En los departamentos mineros, la respuesta oficial se limitó a parches administrativos. Ante el reclamo de vecinos y desocupados de Andalgalá que exigieron puestos genuinos en los yacimientos, la Provincia ofreció cursos de dos meses en el Campus de Entrenamiento Laboral, sin fijar cupos vinculantes para la mano de obra local y marginando a la UNCA de las utilidades de YMAD durante una huelga docente total.
Salarios en negro, tarifazos de EC SAPEM y crisis social en los municipios
La falta de respuestas salariales convive con aumentos de servicios avalados por los organismos públicos provinciales. La empresa estatal EC SAPEM convalidó subas de hasta un 90% en la luz con facturas comerciales de hasta 800 mil pesos, mientras la Dirección de Inspección Laboral elude sancionar la precarización en las intendencias donde los básicos rondan apenas 500.000 pesos mensuales.
A este deterioro se acopla el desborde preventivo en materia de orden público en el interior. La internación de tres menores tras una golpiza en una finca clandestina de Valle Viejo, la fuga interprovincial de un abusador con alerta roja de Interpol desde Recreo y un violento sabotaje a un menor en Belén reflejan la orfandad institucional en las comunidades departamentales.
El frente de protestas confirma el desgaste político del Gobierno de Catamarca. Con casi siete de cada diez ciudadanos desaprobando el rumbo oficial, gremios paralizando servicios y una marcha masiva en camino, el Ejecutivo provincial enfrenta el reclamo urgente de recomponer ingresos y frenar un ajuste que desborda el territorio.
