El respaldo incondicional a la política de ajuste nacional profundizó las contradicciones de la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Mientras el 58,4% de los argentinos afirma que la economía empeora y el rechazo al plan económico trepa al 55,7%, la administración provincial mantiene una pauta de gastos restrictiva que golpea de lleno a los trabajadores y posterga el mantenimiento de la infraestructura esencial en todo el territorio.
La asfixia en los hogares catamarqueños quedó al descubierto con el salto de la morosidad crediticia, que creció un 412% en 18 meses hasta alcanzar el 12,8% en el sistema financiero expandido. Con el 80% de los empleados públicos cobrando sueldos por debajo de la canasta básica y una masa salarial comprometida en un 18,7% con deudas bancarias o fintechs, miles de familias se endeudan para pagar la luz de EC SAPEM o comprar comida.
Esta situación crítica en los ingresos contrasta con los balances oficiales que exhibe el Ejecutivo. Pese a que la provincia aumentó un 195% sus exportaciones gracias al litio y se ubicó como la segunda jurisdicción que más recursos recibió de la Nación para obra pública, los fondos no se tradujeron en desarrollo productivo sustentable ni en empleo genuino en departamentos como Andalgalá, donde solo se ofrecen capacitaciones de dos meses.
El congelamiento de la inversión estatal también afecta a las vías de comunicación troncales. Pese a que el impuesto a los combustibles líquidos aumentó 1.387% en surtidores y la recaudación vial subió un 91%, la Provincia no reclama los fondos adeudados por Vialidad Nacional, tolerando el abandono de tramos estratégicos como la Ruta 60 en La Cébila mientras los transportistas sufren reiterados siniestros.
Cuentas en rojo, parálisis en salud y educación, y el desgaste político provincial
El repliegue del Estado provincial se extiende al ámbito de la salud y la seguridad pública. Alerta epidemiológica por sarampión, falta de reactivos en postas del interior y brotes de rabia bovina en Los Varela exponen la vulnerabilidad zoosanitaria y asistencial, al tiempo que la Justicia y las fuerzas policiales intervienen ante hechos de violencia de género y robos en comercios cuando el delito ya fue consumado.
El retraso estructural también golpea al sistema escolar, donde las pruebas PISA revelaron que el 80% de los estudiantes secundarios no alcanza el nivel mínimo en Matemática y pierde al menos 30 días de clases al año. Frente a este panorama de retroceso formativo, las escuelas siguen sin obras de refacción y los docentes continúan con salarios depreciados y demoras de 15 años para titularizar.
El impacto acumulado de este modelo debilita la legitimidad de la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Con paros por tiempo indeterminado en Valle Viejo y la inminente Marcha de la Bronca convocada por más de 15 organizaciones gremiales para el 19 de septiembre, el Ejecutivo enfrenta un repudio generalizado por priorizar la disciplina fiscal antes que las demandas básicas de la comunidad.
