La decisión del gobernador de no ser candidato y votar junto con la Nación para no gastar fondos expuso las marcadas contradicciones de Raúl Jalil en Catamarca. Al justificar el calendario electoral bajo la frase de que prefiere «hacer un puente antes que hacer una elección», el mandatario buscó mostrar un perfil de administrador ordenado, mientras diversos sectores de la comunidad denuncian abandono del Estado, falta de insumos en los hospitales y una caída constante en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Ese discurso de cuidar la plata pública choca de frente con el deterioro que muestra la salud provincial. Justo en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, cifras del Sistema Nacional de Información Criminal ubicaron a la provincia con una tasa récord de 14,2 víctimas cada 100.000 habitantes, superando con holgura la media del país de 11,8, en un marco donde los propios balances oficiales revelaron que el área de salud mental apenas ejecutó el 31,2% de su presupuesto asignado.
A este cuadro sanitario crítico se suma el duro impacto económico sobre los hogares. En el ámbito parlamentario se advirtió que miles de familias ya se endeudan con tarjeta de crédito simplemente para comprar comida, una realidad asfixiante que contrasta con los anuncios oficiales en el Parque Industrial El Pantanillo, donde el Ejecutivo impulsa exenciones impositivas totales de Ingresos Brutos para grandes empresas mientras mantiene deprimidos los sueldos de los empleados públicos.
El manejo de los recursos también genera controversias en la infraestructura cotidiana. Mientras en plena siesta capitalina las luces de la calle quedan encendidas al mediodía sin que nadie controle ese gasto energético, el mandatario firmó con el Gobierno nacional el traspaso de 180 kilómetros de rutas para instalar cabinas de peaje sin límite de precio, abriendo un negocio vial millonario a favor de la empresa de Guido Mogetta.
Rutas transferidas, peajes a favor de empresarios y focos de protesta en el interior
El polémico acuerdo por las rutas nacionales 38, 60 y 157 desató sospechas en el arco legislativo por haber servido de canje político a cambio de votos en el Congreso. En vez de exigir que la Nación envíe los fondos de Vialidad que corresponden por ley para reparar los caminos destruidos, la Casa de Gobierno aceptó cobrarle una tarifa extra a los automovilistas mediante barreras privatizadas.
En el interior provincial, la tensión social desmiente los anuncios de armonía que pregona el oficialismo. En el departamento Belén, el Ministerio de Minería utilizó personal policial para asegurar la entrada de la empresa Amalaya en Aguas Calientes, mientras los vecinos de Peñas Negras denuncian violencia e impiden las tareas de prospección minera, un clima de conflicto que se repite en la Capital con las movilizaciones de taxistas contra la falta de control al transporte por aplicaciones.
