La confirmación de que la provincia votará junto con la Nación en 2027 desató fuertes cuestionamientos ante el impacto de la crisis económica en Catamarca. Al convertirse en el primer mandatario del país en sincronizar su calendario con la Casa Rosada, el gobernador Raúl Jalil prioriza una jugada electoral que choca de frente con la realidad de las familias catamarqueñas, castigadas por la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y la falta de respuestas oficiales.
El escenario laboral de la provincia muestra cifras alarmantes mientras el Ejecutivo debate estrategias partidarias. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la mitad de los trabajadores formales cobra de bolsillo menos de $1.385.000, una suma que no cubre la Canasta Básica Total de $1,6 millones, dejando a empleados registrados bajo la línea de pobreza tras trece meses consecutivos de caída en los puestos fabriles.
A este atraso salarial se suma el ajuste en las comunas del interior, donde municipios como Fray Mamerto Esquiú cerraron paritarias en cuotas de apenas 12% hasta fin de año. La falta de ingresos empuja a los desocupados a la desesperación, generando un terreno fértil para estafas virtuales de empleo y maniobras piramidales que proliferan en las redes sociales sin prevención ni ciberpatrullaje de la Policía provincial.
En paralelo, la desatención estatal golpea directamente a la salud pública en el interior. El reciente siniestro vial registrado en Puerta Grande obligó a trasladar a una mujer lesionada de urgencia a la Capital debido a la falta de complejidad del hospital zonal, desnudando el desamparo sanitario que sufren las localidades alejadas del Valle Central ante la escasez de guardias y ambulancias equipadas.
Hospitales desprovistos, inseguridad barrial y recursos destinados a la minería
El contraste de gestión también expone falencias en seguridad e infraestructura. Mientras los automovilistas deben sortear derrumbes en la Quebrada de La Cébila sobre Ruta 60 ante la lentitud vial, los barrios del sur capitalino sufren violentas entraderas matutinas, ataques intrafamiliares y disturbios en la Unidad Penitenciaria N° 2, donde el motín de internas violentas ratificó la falta de control en las cárceles locales.
Asimismo, la gestión de los recursos públicos profundiza el descontento popular. Organizaciones territoriales critican que el Gobierno envíe policías para custodiar proyectos mineros privados en Peñas Negras —hecho denunciado en el Congreso de la Nación—, mientras las barriadas de la Capital carecen de patrulleros y sufren el abandono de la limpieza urbana con basurales y desbordes cloacales en plena calle.
El adelantamiento del acuerdo comicial evidencia la brecha entre las prioridades del oficialismo y la crisis económica en Catamarca. Con salarios que no cubren la comida, hospitales del interior desbordados y vecinos desprotegidos ante el delito, la sociedad reclama medidas urgentes para reactivar el trabajo y los servicios esenciales en lugar de maniobras políticas alejadas de las necesidades populares.
