El desembarco político en la Casa Rosada volvió a evidenciar las marcadas contradicciones de Raúl Jalil en Catamarca. Mientras el mandatario provincial acudió a negociar con el Gobierno nacional el respaldo al Presupuesto 2027 y la suspensión de las elecciones primarias, el escenario social en el territorio provincial se deteriora al compás de ingresos licuados, una morosidad financiera desbordada y una ola de protestas que exhibe la falta de respuestas estatales.
La desconexión gubernamental cobra mayor fuerza al cotejar los números de la economía doméstica. Catamarca se ubicó tercera a nivel nacional en mora crediticia con el 34,34% de sus deudores en cesación de pagos, alcanzando un pasivo total de $845.015 millones. Frente a este ahogo, la administración provincial condicionó los planes de refinanciación a cursos obligatorios de educación financiera, soslayando que el endeudamiento familiar responde a sueldos básicos que no cubren los $1.564.716 necesarios para no caer bajo la línea de pobreza.
Esta pérdida de poder adquisitivo desató fuertes reclamos por parte de los trabajadores estatales, quienes denunciaron un trato preferencial hacia los sectores jerárquicos del Poder Judicial luego de que solicitaran un incremento del 10%. Desde la administración central recordaron que el año pasado ya se otorgó un 12% exclusivo a los tribunales bajo promesas de equiparación que jamás se cumplieron, profundizando una desigualdad salarial insostenible para el resto de las carteras públicas.
La desesperanza socioeconómica escaló al extremo de registrar manifestaciones límite en la sede del Palacio Municipal capitalino. Dos personas desocupadas se treparon a los ventanales del edificio público exigiendo trabajo genuino y rechazando los subsidios temporales por insuficientes, en un contexto de desprotección que movilizó a dotaciones enteras de bomberos y rescatistas frente a la indiferencia de las autoridades gubernamentales.
Controles ausentes, servicios colapsados y la agenda de Raúl Jalil en Catamarca
El repliegue del Estado no se agota en lo salarial, sino que impacta de lleno en la infraestructura y la seguridad ciudadana. Cortes sorpresivos de agua en el barrio Los Pinos, obras de bacheo que dejan calzadas cubiertas de escombros en El Portal de Choya y paseos costeros a oscuras en Valle Viejo demuestran la parálisis operativa de los organismos públicos dependientes del Ejecutivo, mientras se registran maniobras delictivas complejas como la estafa piramidal de GSFAR en Fiambalá sin fiscalización previa.
A la desatención comunitaria se añade la crisis de contención social e institucional en las dependencias oficiales. Los relevamientos escolares que detectaron 3.069 adolescentes atravesados por consumos problemáticos e intentos de suicidio, junto al escándalo judicial por la venta de títulos truchos en el Ministerio de Educación donde la docencia debió presentarse como querellante, confirman el vaciamiento preventivo en las áreas de desarrollo y justicia provincial.
