La asfixia financiera sobre quienes cultivan la tierra reveló una contradicción estructural que interpela a los productores hortícolas en Catamarca. Un relevamiento elaborado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) junto al Centro de Estudios de la Tierra (CET) confirmó que el 92,3% de las familias campesinas mantiene pasivos vencidos, de las cuales casi la mitad debió solicitar préstamos exclusivamente para comprar alimentos, transformando el crédito en una precaria herramienta de subsistencia biológica.
El informe, estructurado sobre 340 unidades familiares, detalló que el 58,5% utilizó dinero para sostener labores de siembra, mientras que el 49,6% derivó fondos a la adquisición de provisiones hogareñas. El referente de la entidad, Agustín Suárez, calificó el panorama como crítico al subrayar que los propios trabajadores que garantizan la comida en los centros urbanos quedan forzados a pedir auxilio financiero para poder comer en sus hogares.
La composición del endeudamiento exhibe una fuerte concentración en entidades bancarias tradicionales con un 35,8%, seguido por préstamos entre parientes y prestamistas particulares con el 35%, mientras que las billeteras virtuales alcanzaron el 21,1%. A su vez, el 65,9% de los encuestados debió contraer nuevas obligaciones para cancelar compromisos anteriores, generando un circuito de refinanciación usurera en un segmento donde el 72,4% cayó en mora durante el último año.
Entre los principales motivos que traban la cancelación de los pasivos se destacan los bajos precios pagados en tranquera con un 38,2%, sumado a la falta de ingresos con el 19,5% y la suba incesante de insumos importados con el 15,4%. Para los agricultores que se endeudaron con fines netamente productivos, el 56% identificó que las tarifas impuestas por la cadena de intermediarios impiden cubrir los costos de gasoil y semillas.
Desamparo crediticio y fuertes reclamos a la conducción de Raúl Jalil
El quebranto generalizado de las quintas reavivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Dirigentes rurales y agricultores familiares fustigan que el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos no implemente líneas de financiamiento blando ni subsidios a la energía de riego, omitiendo medidas de protección estatal mientras las chacras locales pierden rentabilidad frente al encarecimiento del transporte y las semillas.
A este vacío institucional se suma la falta de intervención provincial en la comercialización minorista y mayorista. Representantes campesinos denuncian que Casa de Gobierno desatiende la creación de ferias directas sin intermediación usurera y convalida tarifas eléctricas impagables para los pozos de extracción de agua, empujando a los pequeños colonos a liquidar cosechas a valores que no cubren los gastos esenciales.
La acumulación de deudas impagables desnuda la fragilidad laboral de los productores hortícolas en Catamarca. Con campesinos endeudados para comprar su propia comida y un Estado ausente en la fijación de precios de referencia, las familias del agro exigen al Poder Ejecutivo provincial créditos blandos, acceso a la tierra y esquemas de comercialización directa para evitar la quiebra definitiva de las chacras.
