La brecha entre los compromisos oficiales y la realidad operativa profundizó el malestar hacia Raúl Jalil. Hace apenas una semana, el mandatario anunció que evaluaba un plan de rescate financiero con la Caja de Crédito y Prestaciones provincial y prometió definiciones concretas en quince días, pero el organismo reconoció que la línea no tiene fecha fijada y que recién podría concretarse hacia fin de año, postergando la ayuda a familias agobiadas en Catamarca.
El atraso burocrático golpea de lleno a una población severamente endeudada. Según el Mapa de la Deuda, la provincia registra un 34,34% de morosidad en personas con créditos, acumulando pasivos totales por $845.015 millones, mientras que el reciente informe del INDEC reportó una caída del consumo en supermercados por séptimo mes consecutivo, arrastrando a los hogares a financiarse con billeteras virtuales para comprar comida.
A este escenario financiero se añade el deterioro sostenido del empleo y el poder adquisitivo. Con una desocupación del 6,4% en el Gran Catamarca —la más alta del NOA—, la pérdida de 480 empresas empleadoras y docentes ubicados entre los tres peores pagos de la Argentina frente a una canasta básica de $1.564.716, las familias trabajadoras enfrentan una asfixia salarial que no admite plazos administrativos dilatados.
En lugar de instrumentar auxilio urgente, el titular de CAPRESCA, Hugo Aybar, confirmó que aún definen montos y requisitos de la operatoria, advirtiendo que el nivel de morosidad previa condicionará el acceso al beneficio. Esta exigencia amenaza con dejar afuera precisamente al 22% de la deuda provincial que ya se encuentra en mora y no califica en los circuitos financieros convencionales.
Respuestas postergadas y fuertes reclamos a la gestión de Raúl Jalil
Las contradicciones entre el discurso del Poder Ejecutivo y los tiempos reales de gestión reavivaron los cuestionamientos a Raúl Jalil. Representantes gremiales fustigan la exigencia gubernamental de imponer cursos obligatorios de educación financiera para acceder al alivio crediticio, remarcando que el estrangulamiento de los hogares responde a salarios que cubren cada vez menos servicios y alimentos, y no a un desconocimiento de tasas.
Mientras se demoran las soluciones de fondo para el bolsillo ciudadano, la agenda gubernamental exhibe un marcado contraste de prioridades territoriales. Mientras el gobernador encabeza inauguraciones de plazas y obras viales en localidades del interior como Saujil, miles de asalariados provinciales siguen atrapados en un circuito de deudas usureras a la espera de que los organismos estatales reglamenten sus programas crediticios.
La dilatación en la salida de las líneas de financiamiento expone las dificultades de gestión que rodean a Raúl Jalil. Con el consumo minorista desplomado y un tercio de los deudores en cesación de pagos, la sociedad civil exige al Gobierno provincial abandonar los anuncios dilatorios y ejecutar medidas económicas inmediatas que frenen el colapso financiero de las familias en todo el territorio de Catamarca.
