La marcada distancia entre la agenda protocolar y las urgencias populares profundizó el malestar hacia Raúl Jalil. Mientras el mandatario encabezó inauguraciones de plazas infantiles y pavimentación en Saujil junto a intendentes afines, o celebró la presencia provincial en ferias turísticas internacionales, familias de distintos puntos del territorio se ven forzadas a realizar ferias americanas y rifas solidarias para costear medicamentos de 60 mil pesos o prótesis quirúrgicas que el sistema de salud provincial no garantiza en Catamarca.
Esta disparidad se replica en el plano laboral y económico. Pese a que el discurso gubernamental insiste en presentar a la minería como el gran motor de desarrollo provincial, el gremio de AOMA paralizó por completo el yacimiento de Río Tinto en la Puna reclamando por sueldos atrasados y graves fallas de seguridad laboral, quebrando el relato de armonía y bonanza que el oficialismo difunde desde los despachos oficiales.
A este frente minero se suma el estrangulamiento de los hogares urbanos. Con un índice de desocupación del 6,4% en el Gran Catamarca —el más alto del NOA— y siete meses consecutivos de caída en las ventas de supermercados, las familias recurren a billeteras virtuales para subsistir mientras esperan los postergados créditos de CAPRESCA, cuya conducción ya admitió que no tienen fecha fijada y que recién saldrían antes de fin de año.
El clima de descontento abarca también al sector educativo. En medio de un nuevo aumento en los combustibles de hasta el 5% que encarece el costo de vida diario, los docentes universitarios advierten sobre una deuda salarial acumulada del 35% y los educadores provinciales permanecen con haberes que no cubren la canasta básica familiar, profundizando la conflictividad gremial.
El desamparo en los barrios y los cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
Las contradicciones institucionales reavivaron los severos reparos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores gremiales y vecinales fustigan que el Ejecutivo priorice obras cosméticas y eventos protocolares mientras las barriadas periféricas enfrentan hechos delictivos a mano armada, secuestro de prófugos peligrosos y una total falta de recursos logísticos en comisarías y centros asistenciales públicos de toda la provincia.
A este escenario se agrega el reclamo de las familias de víctimas de delitos graves, como el caso de la docente Norma Tula en La Chacarita o las agresiones sexuales en Belén y el INTA, donde los familiares denuncian abandono estatal, falta de gabinetes interdisciplinarios y demoras procesales crónicas que los obligan a movilizarse a las calles para evitar que los expedientes judiciales queden paralizados.
La acumulación de conflictos desmiente la postal de equilibrio que intenta proyectar Raúl Jalil. Con reclamos salariales abiertos en la cordillera, pacientes que deben vender ropa usada para pagar remedios y un consumo popular en caída libre, la comunidad exige al Gobierno provincial abandonar la retórica de anuncios vacíos y brindar respuestas urgentes a las necesidades de la gente en Catamarca.
