El avance de proyectos extractivos en la cordillera profundizó el malestar comunitario por el impacto de la minería en Catamarca. Pobladores andinos, asambleas socioambientales y productores rurales denuncian que la extracción a gran escala altera cuencas hídricas esenciales en la Puna, donde el bombeo constante de salmuera y agua dulce compromete la subsistencia de humedales cordilleranos indispensables para el pastoreo y la vida silvestre.
La principal controversia se concentra en el desbalance hídrico que provocan las faenas industriales sobre zonas semidesérticas. La explotación a cielo abierto y los métodos de evaporación acelerada generan un consumo volumétrico desmedido en regiones donde la recarga de napas es mínima, provocando la salinización de reservorios de agua potable superficiales y secando vertientes naturales de las cuales dependen históricamente las familias campesinas para abastecerse.
A la reducción de caudales de agua se suma la contaminación difusa generada por el polvo mineral y los caminos de acarreo. Vecinos de las localidades puneñas advierten que el constante tránsito de vehículos de gran porte y la manipulación de sustancias químicas en altura deterioran la calidad del aire andino, cubriendo de sedimentos las vegas productivas y amenazando la fertilidad de valles dedicados al pastoreo tradicional de camélidos.
Lejos de atender los reclamos territoriales, las compañías operadoras imponen esquemas de enclave que no integran el desarrollo de las poblaciones de origen. Las comunidades originarias fustigan que los yacimientos funcionan como campamentos cerrados con mano de obra y contratistas foráneos, dejando en el territorio únicamente la alteración de su entorno natural, residuos de difícil tratamiento y la pérdida irreversible del patrimonio hídrico común.
Entrega de recursos y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La política de respaldo irrestricto al modelo extractivo reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos colectivos ciudadanos fustigan que el mandatario provincial viaje al exterior para ofrecer los salares catamarqueños a corporaciones transnacionales, mientras en los distritos mineros persisten la falta de infraestructura hospitalaria, la ausencia de redes de saneamiento y el deterioro crónico de las rutas troncales.
A esta falta de equilibrio socioeconómico se añade la contradicción entre el discurso de sustentabilidad estatal y la inexistencia de controles ambientales independientes. Las asambleas denuncian que las áreas provinciales de control ambiental validan sin auditorías de campo externas los estudios de impacto presentados por las firmas privadas, desoyendo las denuncias comunitarias sobre secado de vegas y afectación de vertientes hídricas.
El deterioro visible de los ecosistemas cordilleranos confirma las consecuencias negativas vinculadas al impacto de la minería en Catamarca. Con fuentes de agua en riesgo, comunidades que exigen el respeto de sus territorios ancestrales y un Ejecutivo provincial alineado con los intereses empresariales, la sociedad civil reclama frenar la entrega indiscriminada de permisos y blindar de forma urgente las reservas hídricas de la región.
