El hermetismo oficial sobre las concesiones de exploración desató una nueva polémica en torno a la minería en Catamarca. Legisladores provinciales presentaron un pedido formal de informes para exigir precisiones sobre los cateos y prospecciones que se proyectan en el departamento Ancasti, advirtiendo que los pobladores desconocen el impacto ambiental sobre sus cuencas de agua y alertando que las comunidades rurales reclaman explicaciones claras antes de que avancen intervenciones sobre el territorio.
La presentación legislativa canalizó el malestar de productores rurales y vecinos de la zona este, quienes denuncian la proliferación de expedientes tramitados sin consulta previa a las poblaciones locales. El requerimiento exige que la Secretaría de Minería y los organismos de control ambiental remitan los estudios de impacto hidrogeológico, el alcance de los permisos otorgados a empresas privadas y los planes de mitigación previstos para proteger los suelos del sector serrano.
Este nuevo foco de tensión comunitaria coincide con el complejo momento político que debió atravesar la comitiva oficial en Fiambalá, departamento Tinogasta, donde asambleas ambientales repudiaron la falta de fiscalización sobre los yacimientos de la cordillera. Las protestas territoriales se multiplican en el interior provincial ante la evidencia de que las inversiones anunciadas no se traducen en empleo calificado local ni en mejoras sanitarias para las poblaciones afectadas por la actividad extractiva.
A estas demandas se añade el debate de fondo por la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo cuestionado por diversos sectores políticos que consideran un «espejismo» las ventajas económicas prometidas. Especialistas en recursos naturales alertan que la cesión de beneficios fiscales y aduaneros a largo plazo reduce la capacidad de fiscalización de la provincia y desprotege a las cuencas hídricas en zonas de extrema fragilidad ecológica.
Falta de licencia social y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La sistemática exclusión ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos naturales reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios señalan que el Ejecutivo provincial promueve a la provincia en ferias y foros internacionales de negocios mientras evade convocar a audiencias públicas obligatorias en los pueblos donde se radican las empresas, vulnerando el derecho constitucional a un ambiente sano y al acceso a la información.
A este déficit de transparencia se suma la contradicción entre los multimillonarios dividendos declarados por las multinacionales y la precariedad de los servicios básicos en los departamentos del interior. Vecinos y asambleas advierten que los caminos continúan deteriorados, los centros asistenciales carecen de insumos y el comercio local queda marginado, mientras el Estado provincial concede excepciones tributarias a firmas que no dejan valor agregado en el territorio.
El reclamo de informes parlamentarios expone la creciente fractura de la licencia social que enfrenta la minería en Catamarca. Con comunidades rurales alertas ante posibles desmontes, rechazo ciudadano en localidades turísticas y un Gobierno provincial que elude responder los requerimientos técnicos, la sociedad exige al Poder Ejecutivo provincial frenar las autorizaciones clandestinas y someter la actividad minera al control de la comunidad.
