Una seguidilla de fallas preventivas y expedientes judiciales sin resolver acentuó las objeciones hacia la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. El contraste entre acuerdos financieros bajo sospecha y el descontrol cotidiano en las calles capitalinas reavivó el descontento de la comunidad ante la ausencia de respuestas institucionales y la desprotección civil en Catamarca.
El frente judicial escaló tras una denuncia radicada en los tribunales federales que apunta a los funcionarios provinciales por presunta administración fraudulenta y malversación de caudales. El reclamo fustiga que el Gobierno provincial aceptara percibir solo 301 millones de pesos de la constructora MEGA tras rescindir el contrato del Gasoducto Lavalle, eludiendo una sanción que actualizada alcanzaría los 6.800 millones de pesos.
En simultáneo con la polémica por los fondos públicos, la seguridad exhibió graves fisuras tanto en las áreas de custodia como en las arterias urbanas. Desconocidos forzaron una abertura para robar en la casa del padre del secretario de Seguridad, Gastón Venturini, en plena calle Junín, evidenciando la vulnerabilidad del microcentro a pesar del monitoreo de cámaras.
A este escenario se sumó el desborde vial en el Valle Central y Andalgalá, donde un masivo operativo culminó con 34 motocicletas secuestradas y un efectivo de la fuerza herido. El agente fue embestido sobre avenida Presidente Castillo por un adolescente de 17 años que realizaba maniobras temerarias y pretendió eludir la orden de detención acelerando contra el personal uniformado.
Falta de planificación estatal y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La omisión de controles permanentes en la vía pública reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y legislativos fustigan que los organismos de fiscalización actúen mediante redadas espasmódicas únicamente tras incidentes con lesionados, mientras se desatiende el reclamo vecinal por corredores seguros y patrullajes preventivos continuos.
A esta debilidad operativa se añade la contradicción entre las giras internacionales del gobernador para anunciar inversiones mineras y el abandono concreto de los servicios urbanos. Residentes del Valle Central remarcan que el Gobierno provincial desatiende la conservación del tendido eléctrico y la contención en dependencias públicas, permitiendo que la precariedad afecte centros asistenciales ante contingencias climáticas habituales.
La confluencia de causas en la Justicia federal, atracos céntricos y siniestros viales ratifica el desgaste político de Raúl Jalil en Catamarca. Con expedientes abiertos por perjuicio patrimonial y agentes policiales lesionados en operativos de tránsito, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial transparentar los actos de gobierno y garantizar la seguridad integral de las familias catamarqueñas.
