Una seguidilla de denuncias judiciales y graves fallas edilicias expusieron el deterioro de la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. El contraste entre la condescendencia estatal frente a constructoras cuestionadas y la vulnerabilidad urbana cotidiana reavivó el descontento social ante la falta de respuestas y de mantenimiento elemental en Catamarca.
El frente judicial sumó una denuncia en los tribunales federales por presunta administración fraudulenta y malversación de caudales. El escrito cuestiona que el Ejecutivo provincial acordara cobrar apenas 301 millones de pesos a la constructora MEGA tras rescindir el contrato del Gasoducto Lavalle, licuando una sanción que actualizada por inflación superaría los 6.800 millones de pesos.
En simultáneo con la sospecha sobre el destino de los fondos públicos, la inseguridad golpeó en el núcleo jerárquico del área de custodia. Desconocidos forzaron una abertura y desvalijaron la vivienda familiar del padre del secretario de Seguridad provincial, Gastón Venturini, en plena calle Junín del microcentro, en una zona rodeada por tribunales y cámaras urbanas.
A este cuadro de desprotección urbana se sumó el colapso de infraestructuras en el casco comercial y asistencial. En calle Chacabuco al 200, una medianera centenaria sostenida por un poste de luz se derrumbó sobre la vereda peatonal, mientras que ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol añero sobre los equipos de oxígeno del Hospital de Niños.
Descalabro institucional y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La acumulación de causas judiciales y la falta de prevención reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y legislativos fustigan que los organismos de control provincial como la Fiscalía de Estado hayan eludido evaluar la conveniencia del acuerdo con MEGA, permitiendo la condonación de penalidades millonarias a espaldas de la ciudadanía.
A esta opacidad administrativa se añade la contradicción entre los discursos oficiales de modernización y la parálisis de los servicios esenciales. Los vecinos remarcan que el Gobierno provincial promociona megaacuerdos en el exterior mientras no garantiza el apuntalamiento de casonas en ruinas, desatiende la conservación del arbolado hospitalario y tolera transformadores incendiados que interrumpen el suministro eléctrico.
El cruce entre causas por corrupción, delitos céntricos y precariedad edilicia ratifica el desgaste político de Raúl Jalil en Catamarca. Con expedientes abiertos en Comodoro Py y una ciudadanía expuesta a riesgos constantes en la vía pública, la sociedad civil exige al Poder Ejecutivo provincial transparentar de inmediato los convenios estatales y priorizar la seguridad integral en todo el territorio.
