La entrada en vigencia del nuevo sistema sancionatorio juvenil encendió alarmas institucionales sobre la viabilidad del régimen penal en Catamarca. El juez penal de menores Fabricio Gershani advirtió que la normativa amplía el abanico de conductas punibles desde los 14 años, alertando de forma categórica que sin asignación presupuestaria efectiva resulta imposible ejecutar el esquema judicial en Catamarca.
El magistrado explicó que la modificación legal no se limita a reducir la edad de imputabilidad, sino que transforma conductas escolares en delitos con penas de hasta 15 años de encierro. Situaciones como daños a bancos educativos ahora pueden configurarse como daño agravado con escalas de cuatro años de prisión, lo que genera zozobra en las comunidades educativas locales donde los adolescentes temen que cualquier altercado derive en causas penales.
La principal deficiencia estructural radica en la carencia de instalaciones adecuadas para alojar a los menores en conflicto con la ley. Gershani remarcó que actualmente el Centro Juvenil Santa Rosa se encuentra totalmente inoperativo, provocando que los jóvenes pasen entre 24 y 48 horas transitorias en el Centro de Admisión y Evaluación mientras se definen sus traslados o medidas tutelares urgentes.
Asimismo, las estadísticas del fuero evidencian un complejo panorama social dentro del territorio provincial. Según detalló el juez, seis de cada diez adolescentes privados de su libertad están imputados por delitos contra la integridad sexual originados en reuniones privadas o ámbitos familiares, sumándose a causas por delitos contra la propiedad y difusión no consentida de imágenes íntimas.
Edificios cerrados, falta de partidas y cuestionamientos a Raúl Jalil
La falta de previsiones presupuestarias e infraestructura adecuada reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores jurídicos y sociales fustigan que el Ejecutivo provincial no haya proyectado partidas presupuestarias específicas para sostener la reforma judicial, manteniendo cerrado el principal establecimiento especializado para menores infractores en el Valle Central.
A este déficit de inversión se suma la fragmentación burocrática del gabinete provincial, que carece de mecanismos integrados para la atención temprana. El propio magistrado subrayó la urgente necesidad de coordinar las carteras de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social, dado que hoy intervienen equipos técnicos de tres dependencias distintas de forma inconexa ante un mismo expediente de vulnerabilidad juvenil.
La puesta en marcha de los juicios a menores de 14 años consolida la incertidumbre sobre el régimen penal en Catamarca. Con la advertencia judicial de que “sin recursos una ley de este estilo no se puede aplicar”, la comunidad exige al Poder Ejecutivo provincial la inmediata reapertura de los centros de detención juvenil y el financiamiento de gabinetes interdisciplinarios para garantizar los derechos constitucionales en los tribunales de las familias catamarqueñas.
