El contraste entre el ahogo presupuestario en las comunas y los fondos destinados a estructuras partidarias profundizó las críticas contra la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Mientras el Ejecutivo provincial admite que los 36 distritos están desfinanciados y requieren auxilio para pagar aguinaldos, municipios oficialistas destinan recursos a monumentos políticos, desatendiendo demandas salariales básicas en toda Catamarca.
La confirmación oficial provino de la propia Secretaría de Asuntos Municipales, que reconoció que la coparticipación cayó abruptamente y no muestra mejoras hacia octubre. El titular del área, Nicolás Verón, admitió que el Estado provincial debe sostener salarios y servicios en cada rincón del interior debido a que la ley de reparto vigente deja a varias intendencias profundamente desfavorecidas frente a la inflación.
Esta asfixia generalizada colisiona de lleno con la administración de los recursos en distritos alineados. En Valle Viejo, mientras los obreros del SOEM reclaman ropa de trabajo tras un lustro sin entregas y solicitan un bono de $200.000 para subsistir, el municipio financió una escultura metálica de una abeja gigante en la Costanera para homenajear a la agrupación política oficialista La Colmena.
A este esquema de prioridades se suma la presión fiscal sostenida sobre los ingresos de los trabajadores. En paralelo a los auxilios comunales de emergencia, el Ejecutivo intentó incrementar los aportes de los empleados públicos a la OSEP del 4,5% al 5,5%, reteniendo más de $22.293 millones anuales para solventar los desmanejos de una obra social que no frena el cobro del plus médico.
Contradicciones financieras y desgaste de la gestión de Raúl Jalil en Catamarca
Las tensiones presupuestarias se agravan con la falta de respuestas a sectores productivos esenciales de la provincia. Permisionarios de taxis y remises se manifestaron en la Casa de Gobierno exigiendo condonar patentes que superan los $400.000 anuales por unidad y frenar el transporte no regulado, denunciando que sus expedientes de auxilio permanecen cajoneados desde hace cuatro meses en despachos ministeriales.
Este reparto arbitrario de fondos contrasta severamente con los beneficios otorgados a firmas privadas. En el Gasoducto Lavalle, la Provincia resignó más de $6.821 millones en penalidades a cambio de apenas $301 millones, evidenciando una marcada benevolencia hacia contratistas que no se replica con los trabajadores que reclaman indumentaria, salarios dignos o viviendas en asentamientos periféricos.
La confluencia de reclamos sindicales, distritos quebrados y gastos de culto partidario expone la debilidad de la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Con intendencias atadas al auxilio discrecional del Tesoro y gremios en pie de alerta por la caída del poder adquisitivo, la ciudadanía exige terminar con los privilegios políticos y reorientar el presupuesto hacia las urgencias reales de las familias catamarqueñas.
