Las crecientes denuncias sobre el destino de los recursos públicos abrieron un frente de conflicto por el reparto de fondos en Catamarca. La disparidad entre millonarias erogaciones provinciales cuestionadas legalmente y el desfinanciamiento estructural que golpea a los municipios expuso severas contradicciones en las prioridades de Raúl Jalil en toda Catamarca.
El cruce más álgido surgió en el oeste provincial tras la denuncia por presunta malversación de caudales públicos en el predio de Santa Rosa para la Zona Franca. Dirigentes comunitarios y legisladores advirtieron que el Estado ejecutó infraestructura básica que la Ley 24.331 impone expresamente a concesionarios privados, favoreciendo a una cabecera en detrimento del polo industrial y minero de Fiambalá.
En paralelo, la administración central reconoció que la totalidad de los 36 distritos atraviesa un severo quebranto financiero por la parálisis de la coparticipación. Desde Asuntos Municipales confirmaron que la Provincia deberá girar aportes extraordinarios de rescate para pagar los aguinaldos, admitiendo que el esquema distributivo vigente desfavorece de forma deliberada a las administraciones comunales.
Esta escasez de partidas para sueldos contrasta con el dispendio tolerado en intendencias afines. En Valle Viejo, mientras los obreros del SOEM llevan cinco años sin recibir ropa reglamentaria de trabajo y reclaman un bono de emergencia de $200.000, el municipio destinó fondos a construir una escultura metálica gigante en homenaje al espacio político oficialista “La Colmena”.
Asimetrías presupuestarias y cuestionamientos hacia Raúl Jalil
El rigor fiscal aplicado a las demandas sociales contrasta fuertemente con la tolerancia estatal hacia firmas privadas. En la obra del Gasoducto Troncal Lavalle, la administración provincial perdonó más de $6.821 millones en penalidades a la empresa contratista a cambio de apenas $301 millones, exhibiendo una marcada benevolencia que contrasta con la falta de respuestas a las barriadas periféricas que exigen servicios elementales.
Al mismo tiempo, la presión sobre el ingreso de los trabajadores persiste con la intención de elevar las retenciones a la OSEP del 4,5% al 5,5%, restando más de $22.293 millones de la masa salarial sin erradicar el plus médico. A esto se suman los taxistas que protestaron en Casa de Gobierno reclamando condonar deudas de patentes de $400.000, cuyos pedidos permanecen desatendidos desde junio.
El desvío hacia obras no reglamentarias y el ajuste sobre salarios y prestadores confirma la arbitrariedad en el reparto de fondos en Catamarca. Con intendencias supeditadas al auxilio de tesorería y frentes gremiales en alerta en el interior, los sectores productivos y comunales exigen al Poder Ejecutivo provincial corregir las prioridades fiscales y dar respuestas urgentes a las necesidades reales de las familias catamarqueñas.
