La acumulación de reclamos en materia de seguridad vial, salud pública y contención escolar derivó en duras objeciones hacia la conducción provincial. Los trágicos siniestros en el interior y la inacción ante emergencias en las aulas encendieron un creciente malestar contra la administración que lidera Raúl Jalil en Catamarca, dejando en evidencia falencias recurrentes de gestión en Catamarca.
En los últimos días, un trágico saldo de cuatro muertos en rutas de Belén, Santa María y Tinogasta volvió a exponer la fragilidad de los controles en las carreteras locales. A pesar del secuestro de 81 vehículos por faltas graves y alcoholemia, la comunidad cuestiona que las medidas de la provincia se enfoquen en retenciones posteriores y no en un esquema preventivo eficiente.
A la crisis vial se suman los graves episodios de violencia reportados en establecimientos educativos de la Capital, donde docentes sufrieron agresiones e intentos de ataque por parte de alumnos. Gremios de la educación denunciaron la falta de gabinetes psicopedagógicos completos en las escuelas y la ineficacia del protocolo provincial para actuar ante cuadros de salud mental.
En el ámbito asistencial, un dramático caso sacudió a la opinión pública luego de que la familia de un paciente con mielodisplasia e infección cardíaca amenazara con cortar rutas. Sus allegados exigieron la intervención de las autoridades para lograr una derivación médica urgente, denunciando que en el hospital público no cuentan con los medios para otorgarle un tratamiento definitivo.
Acumulación de deficiencias e intensas críticas al Poder Ejecutivo
Frente a la multiplicación de reclamos por desatenciones en áreas de sensibilidad social, la oposición y diversas organizaciones barriales apuntaron contra la conducción provincial. Reprochan que la gestión que encabeza Raúl Jalil en Catamarca minimice el deterioro de los servicios públicos y dilate la aplicación de partidas presupuestarias para la asistencia sanitaria y escolar.
Asimismo, referentes gremiales fustigan la falta de coordinación entre las carteras de Educación, Salud y Seguridad para brindar contención a los sectores más vulnerables. Cuestionan que el Poder Ejecutivo responda de forma aislada ante las emergencias en lugar de implementar planes estructurales que prevengan tragedias en el territorio.
La persistencia de fallas asistenciales y el aumento de los incidentes en la vía pública mantienen en tensión a las familias del interior y de la Capital. Ante el evidente riesgo institucional, la sociedad civil exige al Gobierno respuestas concretas e inmediatas para garantizar la correcta prestación de las funciones básicas del Estado.
