Las crecientes dificultades operativas en las dependencias estatales y los duros cuestionamientos al gasto presupuestario incrementaron la desconfianza social hacia el Poder Ejecutivo provincial. Diversos sectores laborales, educativos y comunitarios coincidieron en señalar un abandono sistemático en las prestaciones básicas, desgastando la gestión de Raúl Jalil en Catamarca.
El descontento sumó un capítulo dramático con la situación expuesta en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Afiliados y pacientes denunciaron la falta de flexibilidad administrativa y la negativa a otorgar planes de pago financiados ante emergencias médicas complejas, exponiendo severas falencias en la contención de la salud en Catamarca.
A esta crisis prestacional se añade la controversia en el Hospital San Juan Bautista, donde la Fundación Oncológica de Catamarca (FOCA) convocó a movilizarse contra los recortes en la atención. Representantes de la entidad fustigaron la decisión de restringir el área especializada únicamente a pacientes ambulatorios de quimioterapia.
En paralelo, el conflicto universitario mantiene en alerta a la comunidad académica tras el desfinanciamiento de las casas de altos estudios. El senador provincial Ramón Figueroa Castellanos cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre el riesgo inminente de restringir el acceso a la educación superior pública.
Falta de respuestas en materia laboral y duros reproches a los organismos estatales
Las objeciones a la política económica se extienden al plano del empleo y las contrataciones públicas. Desde la oposición parlamentaria, dirigentes como Pedro Saracho y Francisco Monti refutaron las estadísticas oficiales de trabajo registrado, señalando que la leve suba informada resulta insignificante frente al masivo freno en la obra pública y la parálisis industrial.
A este escenario se suman los reclamos de la UOCRA por más de 3.000 trabajadores desocupados y las quejas de los proveedores mineros agrupados en CAPROMITI, quienes denunciaron la falta de respuesta estatal ante la precariedad de los contratos con corporaciones internacionales y la discrecionalidad en los registros de intermediación.
La acumulación de deficiencias sanitarias, el ahogamiento presupuestario a la universidad y las dudas sobre la transparencia en el manejo de las regalías mineras profundizan el malestar institucional. Frente al desamparo en las áreas sensibles del Estado, la sociedad civil intensifica los reclamos sobre las políticas impulsadas por Raúl Jalil en Catamarca.
