Las constantes deficiencias operativas en las empresas estatales y la falta de respuestas a las demandas comunitarias desataron un extendido malestar en la provincia. Diversos sectores vecinales, profesionales y sindicales recriminaron el repliegue del Ejecutivo e identificaron una marcada apatía frente al deterioro cotidiano en la gestión de Raúl Jalil.
En el ámbito de la energía y los servicios básicos, la prestataria Aguas de Catamarca enfrenta graves señalamientos por facturaciones erróneas y cobros indebidos de 600.000 pesos a usuarios de la tercera edad. A esta situación se suman los perjuicios sufridos por familias de la Capital que perdieron electrodomésticos debido a sobretensiones y a la falta de mantenimiento en las líneas de la distribuidora EC SAPEM.
El colapso en la vía pública también abarca al transporte urbano de pasajeros, donde los residentes denunciaron el estacionamiento antirreglamentario de unidades que bloquean las esquinas y generan un inminente riesgo de accidentes. En paralelo, el rubro comercial cuestiona la escasez de patrullajes preventivos tras repetidos robos en farmacias y establecimientos del Valle Central.
El descontento ciudadano se agrava con la falta de insumos en los centros de salud ante focos de rabia, el estancamiento de las obras viales en las rutas nacionales 38 y 157, y la baja calidad educativa revelada por informes que indican que solo el 19 por ciento de los alumnos concluye sus estudios a tiempo.
Cuestionamientos institucionales e intensos reproches al Ejecutivo provincial
Las mayores observaciones políticas hacia el Gobierno provincial surgieron tras la multitudinaria marcha universitaria realizada en la Capital en defensa del presupuesto para la casa de altos estudios. Dirigentes académicos y gremiales fustigaron la postura pasiva de la gestión local frente al congelamiento de las becas Progresar en 35.000 pesos y la pérdida del poder adquisitivo del cuerpo docente.
De igual manera, organizaciones ambientales e ingenieros agronómicos expusieron la falta de fiscalización estatal sobre la actividad minera en los departamentos del interior. Criticaron la ausencia de auditorías edafológicas independientes sobre los planes de cierre de mina, advirtiendo que la degradación de los suelos y el pasivo ambiental comprometen el futuro de la producción agropecuaria.
La confluencia de reclamos por servicios defectuosos, inacción sanitaria y falta de apoyo a la educación pública refleja un estancamiento estructural en las dependencias públicas. Ante la ausencia de canales de solución, la sociedad civil exige medidas urgentes para revertir el abandono que afecta a la gestión de Raúl Jalil.
