La firma de convenios para financiar un tomógrafo y obras camineras en el departamento Andalgalá mediante aportes privados expuso la creciente dependencia del presupuesto estatal hacia las empresas extractivas. Dirigentes comunitarios y sectores opositores cuestionaron que la administración de Raúl Jalil apele a acuerdos viales y sanitarios con mineras para garantizar prestaciones públicas que deberían cubrirse con fondos provinciales.
Las actuaciones formales suscritas entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública y los ejecutivos de la firma operadora del Proyecto MARA contemplan una partida de 250 millones de pesos canalizada a través del Fondo Fiduciario de Regalías Mineras, junto al mantenimiento de 80 kilómetros de rutas secundarias.
En la esfera sanitaria, la transferencia de 250 millones de pesos se destinará a la adquisición de un tomógrafo para el Hospital Zonal Dr. José Chaín Herrera. Sin embargo, los frentistas de Andalgalá remarcaron que el anuncio busca disimular las históricas deficiencias de infraestructura, la falta de insumos médicos básicos y el desabastecimiento de profesionales especialistas en el oeste provincial.
Por su parte, los compromisos en materia de transporte abarcan tareas de perfilado y drenaje sobre 60 kilómetros de la Ruta Provincial 47 y 20 kilómetros de la Ruta Provincial 220. Representantes territoriales denunciaron que la gestión estatal delega la conservación vial en corporaciones privadas en lugar de proyectar obras definitivas de asfaltado para las comunidades rurales.
Transferencia de funciones oficiales e intensos reproches a los acuerdos viales y sanitarios con mineras
Las mayores observaciones hacia el Poder Ejecutivo apuntaron a la utilización de recursos privados para maquillar el estancamiento de la obra pública y el desfinanciamiento del sistema de salud. Criticaron que el Gobierno presente como logros administrativos simples tareas de mantenimiento en caminos de tierra financiadas por las firmas concesionarias.
De igual manera, referentes de la región occidental advirtieron que los 250 millones de pesos representan un monto insignificante en comparación con la magnitud de los pasivos ambientales derivados de la actividad extractiva. Reprocharon la falta de transparencia en el manejo de las regalías mineras y la ausencia de auditorías independientes sobre el estado de las cuencas productivas.
La delegación de responsabilidades esenciales en materia de infraestructura y asistencia sanitaria refleja graves deficiencias en la planificación de las carteras provinciales. Ante la persistente precariedad en los servicios públicos del interior, la ciudadanía exige soluciones de fondo e inversiones estructurales que trasciendan los acuerdos viales y sanitarios con mineras en Catamarca.
