El conflicto salarial en el transporte urbano que desembocó en el anuncio de un paro de 48 horas por el impago de haberes en las empresas GM y La Rubi expuso las fallas recurrentes de fiscalización estatal sobre los servicios concesionados. Este frente de tensión sindical se suma al reciente sumario iniciado contra la firma El Nene S.R.L. por prestar servicios con unidades inhabilitadas, evidenciando un patrón de incumplimientos privados que compromete directamente a la gestión de Raúl Jalil.
La parálisis del transporte decretada por la UTA tras la falta de acreditación de diferencias salariales retroactivas afectará el desplazamiento de miles de usuarios en el Gran Catamarca. A pesar de que los acuerdos paritarios fueron homologados por el Ministerio de Trabajo provincial, la falta de intervención preventiva para exigir el cumplimiento del contrato a las prestatarias dejó al descubierto la debilidad de los controles del Poder Ejecutivo conducido por Raúl Jalil.
En paralelo, la inacción administrativa también se trasladó al ámbito legislativo, donde el bloque oficialista decidió bloquear el tratamiento de la Ley de Alivio Fiscal para MiPyMes y remitir el expediente nuevamente a la comisión de Hacienda. Esta falta de respuestas ante el ahogo tributario del comercio contrasta con el esquema de subsidios mensuales de $240.000 por operario otorgado a industrias textiles golpeadas por la crisis de consumo.
A este escenario de deficiencias se suman los problemas edilicios en las escuelas públicas por robos de cableado eléctrico y la falta de cerramientos para evitar la presencia de animales sueltos en las rutas nacionales y provinciales, situaciones que impactan de manera directa en la seguridad cotidiana de la ciudadanía.
Servicio público e incumplimientos en la gestión de Raúl Jalil
Las principales observaciones de los sectores sindicales y de los usuarios apuntan a la pasividad del Ministerio de Transporte y de la Dirección de Inspección Laboral para sancionar a las firmas concesionarias. Cuestionan que el Estado garantice las concesiones del servicio público mientras las empresas acumulan deudas salariales con los choferes y circulan con unidades deficientes.
De igual manera, representantes de las cámaras comerciales y legisladores opositores reprocharon la falta de coordinación presupuestaria para amortiguar el deterioro económico en los municipios del interior. Señalaron que el Gobierno mantiene un esquema reactivo que prioriza el gasto en propaganda institucional por encima de la resolución de los conflictos laborales y urbanos.
La acumulación de medidas de fuerza en las líneas de colectivo profundiza el malestar social en el área metropolitana. Frente al riesgo inminente de una paralización total de la movilidad urbana, la sociedad exige que los organismos públicos ejerzan un control estricto sobre las empresas para normalizar las prestaciones en la gestión de Raúl Jalil.
