El anuncio oficial de eximir del cobro de Ingresos Brutos a las empresas mineras a partir del próximo año reabrió un agudo debate sobre las prioridades presupuestarias del Ejecutivo provincial. Mientras el gobernador Raúl Jalil promueve medidas de incentivo fiscal y alivio impositivo de Raúl Jalil para los sectores extractivos concentrados, la administración pública afronta el reclamo de más de 45.000 empleados y jubilados por la falta de recursos y los cobros ilegales en la Obra Social de los Empleados Públicos.
La controversia cobra volumen tras la advertencia del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital, que alista una demanda judicial ante el constante cobro de plus médico que sufren los afiliados a la obra social estatal. Desde el gremio denunciaron que los agentes públicos deben afrontar aranceles diferenciados de su propio bolsillo para acceder a consultas y cirugías, en un contexto donde la canasta alimentaria en la provincia exige un desembolso mensual superior a los $947.000.
El contraste entre la renuncia a la recaudación fiscal en favor de las multinacionales y la desprotección del sistema de salud de los trabajadores estatales evidencia las contradicciones de la gestión. Pese a que el mandatario ratificó en reuniones empresariales la intención de ampliar las facilidades tributarias para la actividad minera, las familias municipales acusan que los salarios no alcanzan a cubrir el costo de las prestaciones sanitarias ni de los medicamentos esenciales.
A la par de las tensiones en el sistema sanitario estatal, organizaciones sociales dedicadas a la contención de personas con discapacidad advirtieron que operan sin partidas fijas ni subsidios del Gobierno. La falta de asistencia presupuestaria forzó a entidades intermedias a depender del auxilio de donantes privados para abastecer servicios de comedor, reflejando el fuerte deterioro de las políticas públicas de asistencia social en Catamarca.
Desequilibrios presupuestarios y el impacto del alivio impositivo de Raúl Jalil
Las principales observaciones de los representantes gremiales se orientan hacia la conducción del Poder Ejecutivo por mantener esquemas de beneficio fiscal para grandes grupos económicos mientras el sistema sanitario de los trabajadores carece de fiscalización. Cuestionan que la administración provincial no haga cumplir la ley antiplus vigente y transfiera el costo del financiamiento de la salud pública sobre las golpeadas economías familiares.
De igual manera, referentes de sectores sociales y sindicales reprocharon la falta de respuestas oficiales frente a las intimaciones formales enviadas a los organismos de contralor. Criticaron la ausencia de partidas presupuestarias compensatorias que permitan aliviar el sobreendeudamiento de los empleados públicos o garantizar la cobertura operativa de los centros asistenciales.
La disparidad en la asignación de recursos fiscales mantiene en alerta a la comunidad de trabajadores y jubilados provinciales. Ante el avance de los beneficios tributarios para el sector privado concentrado, la sociedad exige un reordenamiento de las partidas estatales que priorice las urgencias sanitarias y el alivio impositivo de Raúl Jalil hacia los asalariados.
