La Cámara de Diputados de Catamarca quedó involucrada en dos causas judiciales de características diferentes. El diputado provincial Javier Galán atraviesa una investigación penal y enfrenta pedidos de desafuero, mientras que Agustín Exequiel Godoy recibió una condena por dos hechos de abuso sexual simple. Los dos casos plantean interrogantes sobre qué hizo Diputados frente a las denuncias y cómo respondió institucionalmente a las situaciones de las personas involucradas.
En el caso de Javier Galán, el juez de Control de Garantías N.º 4, Marcelo Sago, solicitó el 6 de noviembre el desafuero del legislador mediante el Auto Interlocutorio 377/2026. El requerimiento abrió una nueva instancia judicial e institucional, en la que deberán analizarse los planteos de las partes y las garantías que corresponden al diputado. Galán conserva su presunción de inocencia y ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra.
La Legislatura ya había intervenido en otra parte de la investigación. En mayo remitió a la Justicia documentación relacionada con Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda, dos personas que realizaron presentaciones vinculadas con sus funciones laborales. El informe permitió incorporar registros administrativos a las actuaciones judiciales, sin que esa colaboración institucional implique establecer responsabilidades penales.
Dos situaciones judiciales y las respuestas de la Legislatura
La causa Galán registró otras decisiones durante noviembre. El día 10, la Sala Penal de la Corte de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación presentado por su defensa contra una resolución vinculada con un pedido de desafuero. La decisión no resolvió la responsabilidad penal del legislador. Posteriormente, integrantes de Diputados plantearon la necesidad de que el requerimiento judicial fuera examinado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La situación de Agustín Exequiel Godoy presenta una diferencia fundamental. Según documentación judicial a la que accedió El Aconquija, fue declarado culpable de dos hechos de abuso sexual simple y condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso. La sentencia estableció restricciones de acercamiento y contacto con la víctima, además de prohibir su concurrencia al lugar de trabajo de la denunciante.
Los reclamos laborales de la mujer comenzaron años atrás. El 4 de junio de 2018 presentó una nota dirigida a Fernando Miguel Jalil, entonces presidente de la Cámara de Diputados de Catamarca, solicitando una nueva licencia psicológica y modificaciones en sus condiciones de trabajo. Allí identificó a Godoy como jefe de Archivo y Rendición de Cuentas y cuestionó que continuaran compartiendo el mismo equipo laboral.
La denunciante, Cele Ceballos, volvió recientemente a reclamar respuestas a través de Facebook. Sostiene que Godoy continuaría trabajando en el despacho del diputado Juan Carlos Ledesma, quien sería su padrastro, y acusa al legislador de haberlo protegido políticamente. También denuncia presuntos incumplimientos de las restricciones judiciales y cuestiona la actuación de las autoridades de la Cámara durante los últimos años.
Los dos casos plantean interrogantes diferentes para la Legislatura de Catamarca. En el expediente Galán corresponde conocer el tratamiento de los requerimientos judiciales, dentro del debido proceso y con respeto de las garantías constitucionales. En el caso Godoy, resulta necesario establecer qué decisiones administrativas se adoptaron ante los reclamos de Ceballos, cómo se aplicaron las restricciones impuestas por la Justicia y cuál es la situación laboral actual del condenado.






