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Tras la condena de Godoy, apuntan a Ledesma por un supuesto vínculo familiar y laboral

Cele Ceballos sostiene que el condenado por abuso sexual trabajaría en el despacho del diputado. Falta esclarecer su situación administrativa.

(CATAMARCA).- La condena de Agustín Exequiel Godoy por dos hechos de abuso sexual simple abrió un nuevo interrogante en la Cámara de Diputados de Catamarca. Cele Ceballos vinculó públicamente al condenado con el diputado provincial Juan Carlos Ledesma y sostuvo que existiría una relación familiar entre ambos. También afirmó que Godoy continuaría desempeñándose en el despacho del legislador.

Godoy recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. La sentencia estableció restricciones de acercamiento y contacto con la víctima, además de una prohibición de concurrir a su lugar de trabajo. La resolución adquiere especial importancia porque ambos habían compartido dependencias de la Legislatura provincial.

Los antecedentes administrativos se remontan, al menos, al 4 de junio de 2018. Ese día, la trabajadora denunciante presentó una nota dirigida a Fernando Miguel Jalil, entonces presidente de Diputados, en la que reiteró sus reclamos por las condiciones laborales y solicitó una nueva licencia psicológica. En aquel documento identificó a Godoy como jefe de Archivo y Rendición de Cuentas, dentro de la Dirección de Tesorería.

El vínculo atribuido a Ledesma y las respuestas pendientes

Ceballos sostuvo que Godoy sería hijastro de Juan Carlos Ledesma y que desempeñaría funciones en su despacho legislativo. La afirmación coloca bajo la atención pública la situación administrativa del condenado y las decisiones adoptadas por las autoridades de la Legislatura.

La cuestión exige determinar si Godoy conserva una designación en la Cámara de Diputados, cuál es su categoría administrativa, dónde presta servicios y si se dispusieron modificaciones en sus funciones después de la denuncia y de la posterior condena judicial. También corresponde conocer qué autoridades intervinieron en esas decisiones.

La Cámara deberá esclarecer cómo respondió a los pedidos de protección presentados por la trabajadora desde 2018 y qué medidas adoptó para garantizar el cumplimiento de las restricciones judiciales. La existencia de esas obligaciones no permite, por sí sola, determinar la situación laboral actual del condenado.

En cuanto a Ledesma, la denuncia pública plantea preguntas concretas sobre su eventual intervención en decisiones administrativas relacionadas con Godoy. Sin embargo, no se ha acreditado documentalmente que el legislador haya dispuesto su designación, impedido un traslado o intervenido para garantizar su permanencia.

El esclarecimiento de estos puntos requiere acceder al legajo laboral, los actos de designación o traslado y las respuestas oficiales de la Cámara. Esa información permitiría establecer si existe alguna responsabilidad administrativa o política que deba ser examinada.

Juan Carlos Ledesma debería haber hecho pública esta documentación y explicado cuál es su relación con Godoy, si este continúa trabajando en la Legislatura y qué intervención tuvo, si la hubo, en su situación laboral. La transparencia sobre estos hechos constituye una obligación política frente a la gravedad de la condena y los cuestionamientos públicos.

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