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Diputados de Catamarca archivó un protocolo contra la violencia de género tras dos años de trámite

La iniciativa había sido presentada en 2024 y proponía recibir denuncias, proteger a quienes las realizan y evitar represalias laborales.

La Cámara de Diputados de Catamarca archivó el 3 de junio de 2026 un proyecto destinado a establecer un protocolo interno de intervención frente a situaciones de violencia de género. La iniciativa había sido presentada casi dos años antes, el 12 de julio de 2024, por la diputada Adriana Eloísa Díaz. El expediente 437/2024 terminó sin registrar ninguna aprobación, según consta en el sistema oficial de información legislativa.

El dato adquiere especial relevancia frente a la condena de Agustín Exequiel Godoy por dos hechos de abuso sexual simple y los reclamos laborales que una trabajadora había elevado a las autoridades de Diputados desde 2018. Aquel año, la denunciante solicitó medidas para evitar compartir dependencias con Godoy, quien entonces se desempeñaba como jefe de Archivo y Rendición de Cuentas.

Cuando se produjeron esos reclamos, la provincia ya contaba con legislación general contra la violencia de género. Posteriormente, en 2019, Catamarca adhirió a la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias para quienes ejercen funciones públicas. Sin embargo, el expediente de 2024 revela que todavía se buscaba establecer un procedimiento específico para recibir y atender denuncias dentro de la Legislatura.

Un proyecto que contemplaba separar a las partes y proteger a las denunciantes

La propuesta de Adriana Díaz establecía la creación de un comité interdisciplinario integrado por representantes administrativos, gremiales y profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social. Ese organismo tendría facultades para recibir denuncias, brindar acompañamiento, recomendar medidas de protección y elaborar informes periódicos para la Presidencia de la Cámara.

Uno de los artículos más importantes era el 25, que contemplaba trasladar preventivamente a la persona denunciada a otra dependencia, con su consentimiento, cuando las circunstancias lo requirieran para evitar el contacto con quien presentaba la denuncia. El proyecto también prohibía represalias laborales contra denunciantes y testigos y establecía mecanismos de confidencialidad.

El expediente ingresó a la Cámara el 12 de julio de 2024 y fue girado a Asuntos Constitucionales el 24 de julio. El registro legislativo consigna que el 3 de junio de 2026 pasó al archivo. La ficha oficial mantiene su estado como expediente en trámite, pero aclara que no registra aprobaciones y documenta expresamente su remisión al archivo.

El antecedente plantea una pregunta concreta para las autoridades legislativas: por qué una iniciativa destinada a establecer mecanismos internos de protección permaneció casi dos años sin obtener aprobación. También corresponde conocer si Diputados adoptó posteriormente otro procedimiento equivalente, quién recibe actualmente las denuncias y qué medidas administrativas se aplican cuando una trabajadora denuncia situaciones de violencia.

El caso Godoy vuelve especialmente relevante esa discusión. La Justicia resolvió la responsabilidad penal del condenado, pero los antecedentes laborales plantean interrogantes sobre las respuestas institucionales. Ocho años después de los primeros reclamos documentados y con un proyecto específico enviado al archivo, la Cámara de Diputados debe explicar qué herramientas efectivas ofrece hoy para proteger a sus trabajadores.

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