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Caso Godoy: ocho años después, Diputados debe explicar qué hizo ante las denuncias de abuso

La condena de Agustín Exequiel Godoy vuelve a poner bajo la lupa a las autoridades legislativas de Catamarca y sus respuestas desde 2018.

La Cámara de Diputados de Catamarca enfrenta interrogantes sobre su actuación frente a las denuncias contra Agustín Exequiel Godoy, condenado por dos hechos de abuso sexual simple. Ocho años después de las primeras presentaciones documentadas, las autoridades legislativas deben explicar qué medidas adoptaron para proteger a la trabajadora denunciante, cómo resolvieron la convivencia laboral y qué decisiones administrativas tomaron durante ese período.

El 4 de junio de 2018, la trabajadora dirigió una nota a Fernando Miguel Jalil, entonces presidente de la Cámara de Diputados. En aquella presentación solicitó por tercera vez consecutiva una licencia psicológica de treinta días y reclamó una solución a su situación laboral. Godoy ocupaba entonces la jefatura de Archivo y Rendición de Cuentas, dentro de la Dirección de Tesorería, donde también se desempeñaba la denunciante.

La presentación dejó constancia de que el conflicto había llegado a las máximas autoridades de la Legislatura. No se trataba solamente de una denuncia penal que debía resolver la Justicia, sino también de un problema laboral que exigía respuestas administrativas. La trabajadora había planteado la necesidad de desarrollar sus tareas sin compartir el mismo equipo con la persona denunciada.

Las decisiones que la Cámara de Diputados de Catamarca todavía debe explicar

El interrogante central es qué hicieron las sucesivas autoridades de Diputados desde aquella advertencia de 2018. Qué funcionarios recibieron las presentaciones, qué medidas se dispusieron, si existieron traslados, cambios de funciones o actuaciones administrativas y cómo se garantizó que la denunciante pudiera continuar trabajando sin quedar expuesta a nuevas situaciones de conflicto.

La posterior condena de Godoy, a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública. La sentencia estableció restricciones de acercamiento y contacto con la víctima, además de impedir que el condenado concurriera a su lugar de trabajo. Esas disposiciones obligan a esclarecer cómo se organiza actualmente la situación laboral de las personas involucradas.

El Observatorio Feminista de Catamarca también cuestionó públicamente la actuación de las autoridades legislativas y denunció situaciones que caracterizó como violencia institucional y laboral. La organización sostuvo que los pedidos de protección no habían recibido respuestas adecuadas. Sus cuestionamientos agregan otra dimensión al caso: la responsabilidad de una institución pública frente a las denuncias de violencia contra una trabajadora.

La Cámara de Diputados debería hacer públicas las actuaciones administrativas correspondientes, preservando los datos personales protegidos de la víctima. También corresponde conocer quiénes ejercieron la responsabilidad de resolver los reclamos, qué decisiones adoptaron y cuál es la situación administrativa actual de Godoy. Son explicaciones que deben dar las autoridades que intervinieron en cada etapa, más allá de los cambios de conducción política.

Ocho años después de aquella presentación dirigida a Fernando Miguel Jalil, la condena judicial resolvió la responsabilidad penal de Godoy en los términos de la sentencia conocida. Pero permanece abierta otra cuestión: cómo actuó la Legislatura frente a los reclamos de protección de una de sus trabajadoras. La Cámara de Diputados de Catamarca debe explicar públicamente qué hizo, qué dejó de hacer y quiénes fueron los responsables de cada decisión.

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