Por una causa iniciada hace 20 años, el Juzgado Federal 2 de Tucumán procesó a Julián Patricio Rooney, ex-CEO de la minera a cielo abierto que funciona en Catamarca, pero que tiene su planta de tratamiento en la provincia de Tucumán. La minera es La Alumbrera y el ex-CEO está procesado por “participe primario” en el proceso de contaminación ambiental con metales pesados. Esto se debe a que la justicia dictaminó que es imposible que Rooney desconociera los efectos del proceso en el ambiente, y por esta causa se le trabó un embargo de $500.000.
La empresa minera que realiza la actividad de explotación de oro, cobre y molibdeno a cielo abierto es la más grande e importante del país. Por lo que desde sus comienzos las organizaciones protectoras del medio ambiente le prestaron especial atención. El fallo a pesar de ser apelado por la defensora legal de Rooney ante la cámara, representó el primer fallo desde que funciona la Ley de Residuos peligrosos.
Este caso ya tuvo un acontecimiento anterior, ya que el ex-CEO había sido sobreseído en el 2016. Pero, lejos de aceptar el fallo, el grupo ecologista Pro Eco apeló. Ya que a pesar de que la empresa se basaba en la legislación registrada en la provincia de Tucumán, la contaminación y los futuros daños a las personas que habitaban alrededor de la planta de procesamiento eran evidentes.
En su momento el juez encargado del caso terminó priorizando las ganancias que generaba la empresa, por sobre la prevención de la contaminación. Esto se debió a que se consideró que Rooney permaneciera en calidad de garante y con el deber de “vigilancia de una fuente determinada de peligro”.
Pero, en cambio, esta vez la justicia dictaminó que el ejecutivo “debió haber priorizado y puesto todo el empeño posible en adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental, que no hace más que afectar la salud, muchas veces con carácter irreversible”. “Es lo que venimos denunciando, que eso no está permitido por una norma superior, como es la nacional.
El fallo sostiene que esa es la legislación a aplicar”, explica Fredy Carbonell, miembro del grupo ecologista Pro Eco.Por otro lado la minera anunció públicamente que la explotación iba a continuar, pero en lugar de hacerlo al aire libre, lo harían por debajo de la tierra. Es decir, de manera subterránea por un tiempo determinado en 10 años.
Por este motivo la minera Alumbrera prometió invertir 161 millones de dólares en dos años, y a lo largo del período pautado elevarlo a 280 millones de dólares.Pero, en este caso en particular el Juez declara que se trata de un delito que contiene peligro, y se extendería a lo largo del tiempo. La explotación se realizó entre 1997 y 2018, y contaba con inspecciones, por lo que se constató la existencia de depósitos de materiales contaminantes en la cuenca Salí-Dulce, que comparten Catamarca, Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. Por esto el Juez reafirma que los delitos son de acción permanente.
