En un momento nacional en donde las pequeñas y medianas empresas (Pymes), además de los ciudadanos son los principales perjudicados por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se tuvo la media sanción por parte de la Cámara de diputados. En este sentido, el Centro de Economía Política Argentina, realizó un informe en donde detalla la situación de la Emergencia Alimentaria tan polémica en el país.
«El proyecto original de Ley de Emergencia que en septiembre 2016 presentó J. M. Abal Medina tuvo dos ejes ambiciosos: la creación de 1 millón de puestos de trabajo cobrando el Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanzaba $8.060 pesos en enero de 2017 para un trabajo de 8 horas y el aumento de 15% de la AUH en los 3 años sucesivos (un porcentaje adicional al aumento bianual previsto por ley)», estipula el documento.
«A esto se agregaba un tercer tema, una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales», describió CEPA. Además, precisamente en la norma votada no figuran estos puntos de manera taxativa, ya que fueron eliminados en la negociación que se desarrolló en torno a la votación de la ley, resaltaron desde el Centro, donde pusieron el análisis en el aumento del gasto para poder paliar la situación de fondo.
El Acta Acuerdo firmado a fines de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y la CTEP y la posterior ley estableció, entonces, como eje principal «La autorización al Poder Ejecutivo Nacional -a los efectos de alcanzar los objetivos planteados en la norma- para reasignar partidas presupuestarias conforme lo establecido en el artículo 37 de la ley 24.156 (1) por hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de la emergencia social», argumentaron.
En este aspecto, destacaron que, si al final del segundo año se hubiera ejecutado dicho monto, el Poder Ejecutivo quedará autorizado a reasignar partidas por un monto de hasta 5 mil millones de pesos más, por un plazo que finalizaba en diciembre de 2019. «Adicionalmente, se permitía extender en otros $5.000 millones para el supuesto de haber sido ejecutado al 31 de diciembre de 2018 el nivel de gasto dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, el Jefe de Gabinete de Ministros en uso de las facultades conferidas en el párrafo precedente efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos de proveer los fondos requeridos», determinó el escrito.
«La idea de la Ley es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, habilite el doble de partidas para canalizar los recursos correspondientes. Es decir que ahora tendrán el doble de presupuestos, y entendemos que eso se va a reflejar en Tucumán en las partidas para comedores y la Tarjeta Cabal. Con esto, podremos redoblar los esfuerzos y llegar a mayores espacios, que hoy se sostienen exclusivamente con fondos provinciales», había agregado Gabriel Yedlin sobre la temática.
A su vez, Daniel Arroyo (Red por Argentina) defendió la sanción de la normativa: «Hablamos de una ley que ayudar a ponerle un piso a la caída social, es evidente que hay un problema de hambre en Argentina, hay un problema de malnutrición», afirmó quien es mencionado para ocupar el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en caso de imponerse la fórmula Fernández-Fernández.
