En las últimas semanas, la provincia de Tucumán vivió momentos de mucha tensión. Esto arrancó luego de que el gobernador Juan Manzur sacará un paquete de medidas, donde le postergó el pago de la última cuota de la cláusula gatillo a los trabajadores estatales. Para reconciliarse con los ciudadanos, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, decretó una baja del 10% para los altos funcionarios.
Juan Manzur firmó el lunes nueve de enero el decreto de “Contención y racionalización del gasto público”. La primera medida que más llamó la atención fue la suspensión de la cláusula gatillo que los trabajadores debían cobrar con los sueldos de diciembre. Además, se congelaron las dietas en el Congreso y se reducirán las partidas en combustible y telefonía celular de los funcionarios. También se podría eliminar el sistema de horas extras.
En cuanto a esto, el gobernador explicó: “Nosotros, en los últimos tres años, vinimos actualizando los haberes de los trabajadores a partir de la inflación. Solo prorrogamos el último tramo de estos dos meses porque la provincia no tiene más recursos para hacer frente a este incremento. Esto será momentáneo hasta acordar con nación cuáles serán los nuevos presupuestos y los recursos”.
Luego de varias propuestas, el gobierno quiere amigarse con el pueblo y este jueves, Osvaldo Jaldo decretó la baja de los salarios a los políticos y destacó: “Al esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Hemos empezado con el congelamiento por 180 días de los sueldos de los funcionarios públicos. Nosotros entendemos que todos aquellos funcionarios políticos que han llegado al Gobierno provincial, por decisión del gobernador Juan Manzur también tienen que hacer lo mismo”.
En cuanto a esta medida, el diputado nacional opositor, Federico Masso comentó: “Saludo la decisión del gobierno Tucuman de reducir el 10% a los sueldos de los funcionarios políticos, ya que en tiempos de crisis la clase política debe dar el ejemplo. Pero instamos al Ejecutivo reduzca la partida presupuestaria de prensa y difusión, cercana a $ 1100 millones. Al no haber una ley de acceso a la información pública se debe ser muy transparente para informar dónde se destinarán estos fondos”.