El 22 de mayo, la Legislatura provincial aprobó Ley 27499, más conocida como Ley Micaela. Esta establece que funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se capaciten en materia de género, de modo obligatorio. En este sentido, el Honorable Concejo Delibertante de Tafí Viejo, aprobó en sesión ordinaria la adhesión a esta ley, sin ninguna modificación.
Para recordar, esta normativa buscará transmitir herramientas e información en cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Estará dirigida a todos las personas que desarrollen un cargo público en us diversos niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con respecto a esto, Cynthia Lema, directora municipal de Derechos Humanos, Género y Discapacidad, calificó a la aprobación de esta ley como un hecho histórico para la ciudad de Tafí viejo.
“Se ratifica el compromiso de hacer realidad los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de erradicar la desigualdad y la violencia de género”, adhirió. Además, agregó que: “La adhesión a la Ley Micaela es una herramienta que nos permitirá mirar y entender la realidad desde el lugar de las victimas de la discriminación y la violencia para lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva y rechazar toda forma de violencia”.
Etapas de la ley
Esta ley se creó en conmemoración de Micaela García, una jóven entrerriana de 21 años de edad, quien fue víctima de un femicidio. La joven militante de del Movimiento Evita, fue asesinada en manos de Sebastián Wagner. Lo llamativo de este hecho, fue que el hombre que lo realizó, contaba con antecedentes y se encontraba en libertad condicional. A partir de esto, comenzó una gran movilización para la implementación de una normativa que eduque sobre materia de género.
Según esta norma legal, todos los trabajadores del estado deben cursas y aprobar todos los años de esta capacitación. Por el contrario, será calificado como una falta grave, la cual podrá ser sancionada y obstaculizará el ascenso a un cargo superior. Con respecto a los contenidos, apuntarán a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde se desenvuelvan. Hasta enero de 2020, adhirieron más del 70% de las provincias y aproximadamente 500 municipios, siendo Tucumán la última en adherirse.