Sin lugar a dudas, el proyecto de ley ayer sancionado en la provincia que elimina el Consejo de la Magistratura provincial y amplía la cantidad de miembros de la Corte de Justicia, ha resultado polémica no sólo a nivel local, sino también nacional. Ambos proyectos fueron aprobados por Diputados el miércoles y por el Senado ayer, impulsados por el bloque oficialista del Frente de Todos. La oposición, en detrimento de la iniciativa, denunció un golpe institucional.
La polémica no sólo radica en la ley en sí misma. Sino que, según el diario La Nación, la oposición declaró que el debate había sido convocado para tratar la campaña para promocionar la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proyecto que fue aprobado. Pero los dos proyectos cuestionados no habían sido incluidos en el temario ni tratados en comisión. El argumento oficialista provincial fue que la creación del Consejo de la Magistratura no tenía rango constitucional y “violentaba la Constitución”.
Otros reconocidos medios nacionales como Clarín y Perfil se hicieron eco de la noticia. El primero incluso publicó ayer una nota titulada “Los K impulsan en Catamarca un proyecto que elimina el consejo de la magistratura provincial”. Lo cual denota el preocupante poder que ahora puede mantener la política por sobre la Justicia y que genera un malestar que se ha extendido a lo largo del país.
El Diputado nacional de la CC-ARI por Catamarca, Rubén Manzi, afirmó que “Catamarca retrocede tres décadas”. Básicamente, una sesión sin debate debido a la ausencia de la oposición y en un contexto de pandemia donde claramente no se priorizó la salud, el avance de este proyecto tiene por consecuencia avanzar en el Poder Judicial por medio del Ejecutivo. Esto se debe a que, de ahora en más, el gobernador es quien decide la designación de los jueces.
Este hecho genera una alerta no sólo a nivel provincial, ya que puede ser un modelo replicable por las legislaturas en otras ciudades. El Consejo de la Magistratura fue creado en el año 2000 en Catamarca y jamás se había cuestionado su existencia hasta hoy, el cual tiene como finalidad evaluar a los aspirantes a los cargos dentro del Poder Judicial, mediante concursos abiertos y públicos. Sumado al innecesario aumento de jueces, que ya se habían incrementado en la gestión anterior. Esperemos que esto sea una alerta roja para el resto las provincias y así poder proteger sus instituciones.
