El presidente Alberto Fernández anticipó desde hace meses que considera necesaria una reforma integral del sistema judicial. Esta semana el Gobierno enviará al Congreso el cuestionado proyecto, aunque todavía no se conocen mayores detalles. Lo que sí es certero es que el mismo Fernández quiere anunciarlo de manera personal porque quiere que su “legado” sea la reforma de la Justicia.
En la confección del proyecto de reforma participaron la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Se desconoce qué grado de influencia tuvo Cristina Kirchner en el proyecto. Lo que sí es seguro es que lo revisó y que dio su aprobación. Por lo cual, ya estaría listo luego de algunas revisiones que se realizaron el fin de semana debido a que el texto tenía “algunos hilos sueltos”.
Un dato no menor es que la iniciativa ingresará por el Senado, cámara que Cristina preside y en la que el oficialismo cuenta con una amplia mayoría para aprobarla. Inclusive ya se especula con qué giros le daría la vicepresidenta al proyecto. Desde el oficialismo ya anticipan que la oposición saldrá a criticar y que apuntarán a que se busca la impunidad de Cristina, más teniendo en cuenta que el debate lo llevará adelante el senador ultracristinista Oscar Parrilli.
Uno de los puntos fuertes de la reforma apunta a un reordenamiento del fuero federal y a aumentar la cantidad de juzgados federales. De los 23 actuales -12 de Comodoro Py y 11 en lo Penal Económico- se los llevaría a 46. De esta manera, se busca disminuir el poder de Comodoro Py. En palabras del presidente, el ordenamiento busca “que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”
Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre con respecto al tratamiento del proyecto. En el Senado aún no tienen instrucciones y lo mismo ocurre en Diputados. Se supone que si en el Senado hay audiencias públicas, en la Cámara baja no volvería a haberlas. También sería girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales (la preside el cristinista Pablo González) y la de Justicia (su titular es Rodolfo Tailhade, de La Cámpora). ¿Qué nos deparará esta polémica medida que arrastraría a todo el país a un nuevo ordenamiento de la Justicia?
