Desde el pasado miércoles, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales está realizando un paro. En el mismo se reclama por la reincorporación de trabajadores del sector de recolección de residuos y por una mejora salarial. En este marco, la tensión entre la municipalidad y el SOEM crece. Desde la comuna ya presentaron una denuncia penal. Mientras tanto, al gobernador, Raúl Jalil, solo le preocupa la seguridad de sus clínicas.
Cada día que pasa crece la tensión entre el municipio y el SOEM. Desde la semana pasada, el gremio venía amenazando con realizar un paro para que se reincorporen trabajadores del sector de recolección de residuos. A pesar de que durante el fin de semana hubo muchas reuniones para solucionar el conflicto, no se llegó a ningún acuerdo. Por esta razón, desde las 00 del miércoles los empleados pararon.
El SOEM advirtió el martes que era un paro “con asistencia a los lugares de trabajo”, pero muchos trabajadores trabajaron el miércoles normalmente. Se estima que solo paró el 15% de los empleados municipales. A pesar de esto, el gremio decidió continuar con el paro el jueves. Ese día, los manifestantes cortaron varias calles del centro capitalino y provocaron el enojo del municipio, quien tomó cartas en el asunto.
Por esta razón, la municipalidad denunció a Walter Arévalo. A pesar de esto, las marchas del SOEM continuaron en la jornada de este viernes. En el paro de esta mañana, los trabajadores volvieron a cortar diversas calles del centro capitalino. Los empleados se reunieron al frente del palacio municipal y desde ese punto marcharon. A su vez, se encendió la polémica porque los manifestantes mostraron ataúdes con el nombre del intendente.
Al que no parece importarle el conflicto entre el SOEM y la municipalidad es al gobernador de la provincia. En vez de intentar acercar a las partes, decide hacer silencio y proteger sus propiedades de los ataques de los manifestantes. En la jornada de este viernes, diversos grupos de policías efectuaron operativos para cuidar las clínicas de Jalil, dejando desprotegida al resto de la población de la capital catamarqueña.