Los miembros del bloque de la UCR emitieron un comunicado esta mañana donde se remarca la enorme responsabilidad de actuar ante cualquier hecho que atente contra los derechos humanos de los catamarqueños. En este sentido, los opositores remarcaron el hecho en particular que habría sucedido en Tinogasta contra un empresario. Luego de un día de trabajo, el hombre fue detenido por agentes de la Policía de Catamarca quienes excediéndose en sus facultades lo golpearon salvajemente.
Desde la Fuerza justificaron el accionar por incumplir el horario de circulación pública fijado por las autoridades provinciales. El informe de la UCR detalla que lo mismo sucedió este fin de semana durante la detención de personas en una supuesta fiesta clandestina. En la misma, agentes de la Policía filmaron videos que luego circularon en las redes sociales exponiendo a los detenidos. Los efectivos enunciaban expresiones discriminatorias y emitiendo juicios de valor por la orientación sexual de los detenidos.
La crisis epidemiológica debiera ser un momento de reflexión para combatir la violencia que aqueja a los catamarqueños. Los referentes radicales enfatizaron sobre los episodios a nivel nacional de la Policía como un ejercicio abusivo y desmedido de la violencia policial. Es el caso de muchos con ejecuciones sin proceso y desapariciones como la de Diego Pachado quien habría sido ultimado en una comisaría y cuya familia aún espera el lento avance de la justicia.
Por otra parte, el reporte de la oposición hace mención al Poder Judicial, sobre todo al funcionamiento real del sistema de administración de justicia en Catamarca. En tanto, especifica que se llevan adelante reformas en su organización, como ser la incorporación de nuevos magistrados en la Corte de Justicia y la supresión del Consejo de la Magistratura.
Sobre estas estructuras recuerdan que claramente responden más a lo político partidario que a lograr mejoras estructurales para un funcionamiento eficiente de la justicia. La solicitud radica en que la policía cumpla su rol en la sociedad y que lo ejerza con apego a las disposiciones que la constitución y la ley establecen junto con las garantías que le corresponden a la ciudadanía.
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