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El País

La situación de la energía atómica en el país

La CEPA analizó la realidad nuclear.

En un contexto donde la recesión se acentúa a medida del paso del tiempo, el actual presidente del país, Mauricio Macri, prefiere mirar los índices positivos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que son difundidos todos los meses. En este sentido, los números, según el economista José Luis Espert, empiezan a demostrar una leve remontada, si se analizan mes a mes.


Así, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sector nuclear en Argentina realizaron un estudio del impacto de las políticas del Gobierno entre 2016 y 2018, es decir, durante el mandato de Cambiemos. De esta manera, la pérdida de jerarquía y autonomía de la CNEA ha sido una constante, ya que, a fines de 2015, pasó a depender de la subsecretaría de energía nuclear, para luego en 2018, con la reducción del número de ministerios, quedó relegada a un organismo de quinto orden, la subsecretaría de energía nuclear.


Según la Comisión Económica y Política Argentina (CEPA) Al caerse los proyectos de financiación de energía nuclear, se dejó de lado «un proyecto de Central Nuclear tipo CANDU, que implica un sustento al desarrollo tecnológico nacional. Reemplazar la tecnología de uranio natural y agua pesada por la de uranio enriquecido implica caer en la dependencia de la provisión de uranio enriquecido, altamente condicionada por las grandes potencias y sus intereses geopolíticos».


CEPA, detalló que mediante el Decreto N° 882/2017, el Ministerio de Energía, actualmente secretaría, «descapitalizó al CNEA al transferir el 51 % del paquete accionario de la empresa pública Dioxitek a la misma secretaria. Esta decisión prepara el terreno para una eventual privatización de dicho paquete accionario».


Después del informe, la coyuntura de la Comisión destacó que, en términos presupuestarios, la llegada de Cambiemos implicó un recorte del 57 % correspondiente al presupuesto del sector medido en dólares, por lo que, el presupuesto destinado a CNEA se redujo de 363 millones de dólares en 2015 a 161 millones de dólares, cuatro años después.


Desde la asunción de Cambiemos, la CEPA reveló que la política en relación al personal no se centró en la reducción de la cantidad de trabajadores, como sucedió en otros organismos, sino en la reducción del salario real a través de la no recomposición mediante paritarias. En el periodo, se registró una inflación en el salario de los empleados del 42 % a 44 % entre diciembre de 2015 y mayo de 2019.


Además, se discontinuó la capacitación y formación del personal, desalentando a los trabajadores del sector. Para finalizar, se promovieron retiros voluntarios provocando la pérdida de valiosos recursos humanos que emigraron tanto a la industria privada como al exterior.