En un momento donde los controles son normales por parte de los Gobiernos y organizaciones acerca de tus movimientos en el mundo, en las redes y en las páginas digitales, hoy se dio a conocer que a partir de fin de año las compañías que emiten las tarjetas de crédito deberán comenzar a llevar un registro de todos los movimientos que realicen de aquí en más sus clientes. También, estas tendrán que guardar esta información recopilada durante el transcurso de diez años, según informa el diario El Intransigente.
Además, se verán comprometidas a tomar en consideración las regiones geográficas en las cuales se realicen las actividades, por ejemplo, si se trata de zonas habituadas a un mayor tipo de delito. Esta medida fue dispuesta por la Unidad de Información Financiera con el fin de evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En su resolución, la UIF determinó que aquellas entidades emisoras de plásticos estarán obligadas a que evaluar además los antecedentes como el comportamiento de sus usuarios desde el mismo inicio de la relación comercial hasta el final de la misma. Asimismo, deberán tener conocimiento de diversos datos personales.
Esto significa que tendrán que contar con la especificación de la residencia, la nacionalidad, un estimado de los ingresos que recibe, sus consumos, las transacciones llevadas a cabo, el patrimonio que posee, la actividad laboral que emprende, si se trata de una persona jurídica o física así como también el medio de pago que utilice.
Cabe destacar que no está alcanzada por esta directiva de la entidad estatal la firma que se encarga de emitir la tarjeta SUBE cuyo uso pasa por el abono de los distintos medios de transporte de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. También quedan exceptuadas las empresas que para fidelizar clientes les brindan plásticos que solo funcionan dentro de sus locales comerciales.
Por otro lado, las empresas que deberán dar cuenta de lo estipulado por la Unidad de Información Financiera tendrán también que calificar el riesgo de aquellos productos elaborados que hayan implicado el empleo de nuevas tecnologías. Además, informarán cuando lleven adelante modificaciones en los elementos que ya poseen en oferta.
En lo concerniente al lavo de activos, se apunta a prevenir el riesgo de que esto se produzca. Para finalizar, se procederá a vigilar los diferentes canales de distribución y ventas para controlar el financiamiento al terrorismo. Esto aplica a la operatoria vía internet o la comercialización por medio de los dispositivos móviles.
