La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue condenada por negar información y documentación desde hace un año a la Auditoría General de la Nación (AGN). Según el diario El Intransigente, en el canal C5N, el juez Enrique Lavié Pico, del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, ordenó a la OA a entregar en un plazo de 15 días todo lo solicitado.
En su resolución, Lavié Pico explicó que «la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática. E implica, en consecuencia, una acción que recorta de manera severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano», agregó el magistrado. «En tanto se trate de datos de indudable interés público», afirmó el juez en una resolución en la que cita un fallo de la Corte Suprema.
En el programa Minuto Uno, el periodista Gustavo Sylvestre informó que «La titular de la Oficina Anticorrupción que debe caracterizarse por su ‘transparencia’ tiene un plazo de 15 días para entregar información a la Auditoría General de la Nación. Ella negaba a una auditoría en su oficina», señaló Gustavo Sylvestre en el programa que conduce en C5N.
En diálogo con Minuto Uno, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta relató que, en el mes de abril, Gabriela Carpineti, Victoria Freire y Federico Fagioli «hicimos una presentación ante la oficina anticorrupción, a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pedimos el listado de denuncias que habían recibido desde el 10 de diciembre de 2015 y como habían avanzado en eso», señaló la abogada.
En ese sentido, Gómez Alcorta expresó que «pidieron una prórroga por 15 días que permite la Ley. Pasada esa prórroga, nos contestaron que rechazaban nuestra solicitud, con argumentos bastantes vagos», contó la letrada en el programa televisivo. «La propia oficina anticorrupción nos dijo que no tenían sistematizada la información de cuándo asumieron los nuevos funcionario», dijo la abogada.
Según la letrada, «el pedido se fundaba ‘en el derecho de acceso a la información pública reconocido como parte indispensable de la forma republicana y democrática de gobierno por la Constitución Nacional’. El interés legítimo para el presente no requiere conforme a derecho de una invocación o acreditación específica», se sostuvo en el pedido que le realizaron a la OA.
«El día que fuimos a hacer la presentación, la policía federal que se encontraba en la puerta, se sacaron el nombre que tenía pegados en el pecho y nos empezaron a sacar fotos», relató Gómez Alcorta. «Nos dijeron que era orden del ministerio de justicia», señaló la abogada. «Le sacamos imágenes a los policías hasta que nos dio sus datos y deslindó al ministerio de Justicia», contó la propia letrada.
