En un contexto de crisis y con las elecciones generales del 27 de octubre tan cerca, el Gobierno enviará un proyecto que consiste en una ley de alquileres en busca de mantener la iniciativa en materia económica. En este sentido, el diario El Intransigente apunta a un tema sensible, en especial, para la clase media argentina, uno de los sectores más dañados por la situación macroeconómica.
Es por ello que finalmente desde el oficialismo se procederá a enviar al Congreso de la Nación esta propuesta. La misma formaba parte del paquete de anuncios post PASO para intentar atenuar los efectos de la inflación y posterior devaluación. Sin embargo, encontró fuertes resistencias en el mercado inmobiliario.
De la elaboración del proyecto participaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda, Iván Kerr; junto con algunos diputados nacionales entre quienes se encuentra Daniel Lipovetzky. Será él quien se encargue de impulsarlo en la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja.
Uno de los ejes más importantes de la iniciativa pasa por el hecho de que los honorarios inmobiliarios no queden a cargo del inquilino cuando se trate de propiedades que estén destinadas para exclusivo uso habitacional. Asimismo, se eliminaría la prohibición de indexar contratos para alquileres que se ubiquen por encima de los $26.676.
En lo que hace a los alquileres que estén valuados por debajo de ese precio, se establecería que se tendrán que aplicar índices de actualización oficiales. Éste se conformaría a partir de tener en cuenta las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE).
Además, el borrador indica que el conocido como depósito de garantía que habitualmente se le cobra al inquilino «no podrá ser mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler». Finalmente, se resolvió también el polémico punto acerca de la duración de los contratos, el cual generó varios rechazos en su momento.
Es por ello que el Gobierno resolvió que en el proyecto permanezca la vigencia de dos años. Sin embargo, lo que se modificaría pasa por la posibilidad de una extensión automática de un año más. Esto se daría siempre y cuando lleguen a un acuerdo las dos partes interesadas, es decir, tanto el inquilino como el propietario.
