En un momento donde la economía y las finanzas argentinas pasan por una mala situación se conoció la noticia de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio publicó los nombres de las personas que compraron más de los USD 10.000 mensuales permitidos por el organismo que dirige Guido Sandleris tras la implementación del «cepo» el domingo 1 de septiembre.
La polémica decisión de difundir un listado extenso de 29 páginas en el que figuran los individuos que incumplieron con la medida gubernamental traerá problemas judiciales debido a que la situación puede encuadrarse dentro del revelamiento de secreto fiscal. Sin embargo, las consecuencias no terminan aquí.
Y es que además quienes aparecen en el documento oficial quedarán impedidos de poder adquirir la moneda norteamericana sin tramitar una autorización previa. La decisión dada a conocer a la opinión pública fue emitida por el BCRA y está plasmada en la Comunicación «C» 84797 que aparece en la página web del ente.
Justamente la máxima autoridad monetaria del país consideró que los ahorristas sindicados con nombres y apellidos llevaron a cabo maniobras ilegales para evadir los controles de cambios implementados a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 609 que lleva la rúbrica del Presidente Mauricio Macri.
Luego, el propio Banco Central reglamentó el contenido del DNU a través de la Comunicación «A» 6770. Estas restricciones cambiarias se debieron al cimbronazo financiero y ulterior devaluación ocurrida luego de que se produjera la victoria de Alberto Fernández en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.
Varios operadores del ámbito de las finanzas analizaron que lo dispuesto por el BCRA forma parte del procedimiento oficial. Esto se debería al hecho de que el organismo se encuentra obligado a notificar de forma efectiva a aquellos bancos en los que operan habitualmente en su cráter de clientes quienes fueron sancionados oportunamente.
Fuentes cercanas al Banco Central explicaron que «de esta manera se notifica a todo el sistema financiero los cambios regulatorios» al tiempo que se brinda la «información que necesiten tener como así también, en este caso, la suspensión de CUITS». Restará saber qué acciones judiciales tomarán las personas que vieron sus identidades reveladas.
